Guindos avisa que la recesión obliga a 8.400 millones de ajuste estructural

Sobre el papel, el mayor ajuste presupuestario de la democracia asciende a 29.500 millones, lo que va de cerrar 2011 con un déficit equivalente al 8,5% del PIB a intentar bajarlo al 5,8%, como anunció el viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero ir de la teoría a la práctica será más costoso aún, ya que el ajuste se pretende en recesión, con el paro al alza. Y eso se traduce en menos recaudación de impuestos, en más prestaciones por desempleo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, acaba de revelar que, para compensar este efecto, habrá que hacer un ajuste adicional de 8.400 millones.

Guindos ha revelado la dimensión de este esfuerzo extra en el Encuentro Financiero Internacional organizado por Bankia y EL PAÍS, que se celebra hoy y mañana en Madrid. “En términos estructurales, vamos a compensar el ajuste que se tenía que haber producido el año pasado, y el que está comprometido para éste”, ha anunciado el ministro de Economía, quien ha precisado que eso supone reducir “el déficit estructural en 3,5 puntos porcentuales del PIB”. En el programa de estabilidad vigente, el objetivo de déficit estructural para 2012 es del 3,5% del PIB, con lo que, según las cuentas del ministro, en 2011 habría cerrado en el 7% del PIB, muy por encima del 4,7% comprometido.

Lo que ha detallado Guindos no supone ningún cambio en el objetivo de déficit global anunciado el viernes (5,8%, frente al 4,4% que exige Bruselas). Solo aclara como será el camino para alcanzarlo: con la recesión soplando en contra, hará falta más recorte de gasto (o una subida adicional de impuestos, aunque Economía descarta esta vía) para compensar los efectos adversos (más prestaciones por desempleo, menos ingresos tributarios) y llegar a ese 5,8%.

El saldo estructural recoge el balance de gastos e ingresos presupuestarios que no se ve afectado por momentos extraordinarios en el ciclo económico, ya sea una expansión o una recesión. A partir de las cuentas de Guindos se concluye que en 2011, el 8,5% del déficit se alcanzó por un 7% de déficit estructural y un 1,5% de déficit cíclico. En 2012, la recesión llevará el déficit cíclico al 2,3% -en la diferencia con el saldo cíclico de 2011 están los 8.400 millones que hay que compensar-, cuando en el programa de estabilidad se contaba con aminorarlo al 0,9%. Ahí está la diferencia entre el déficit total que pretende el Gobierno (5,8%) y lo que todavía exige Bruselas (un 4,4%).

Con estas cuentas, el ajuste estructural se eleva a 37.900 millones. Parte del trabajo está ya hecho con los 13.000 millones en recortes de gasto y subidas de impuestos anunciadas por el Gobierno en diciembre. El esfuerzo extra para contrarrestar la recesión deberán hacerlo todas las Administraciones, para paliar la bajada de ingresos, pero en especial el Gobierno central, que asume el gasto de las prestaciones por desempleo.

Economía defiende que, con el cumplimiento del déficit estructural previsto para 2012 (3,5%), y con respetar el objetivo de déficit total para 2013 (3%) se “ajusta en el espíritu y la letra a las recomendaciones del programa de estabilidad”, en palabras de Guindos. “Si no se hubiera producido la desviación de 2011, todo hubiese sido mucho más fácil. Hubiésemos tenido un cumplimiento estricto del objetivo del déficit y la consolidación fiscal habría sido más fácil”, lamentó el ministro en referencia a la incapacidad del Gobierno anterior para cerrar el déficit del año pasado en el 6%, como estaba comprometido.

Guindos destacó las reformas aprobadas por el Gobierno en los últimos tres meses como un activo para recuperar la confianza de Bruselas y los inversores. Para el ministro, que algunas entidades españolas hayan podido volver a colocar emisiones de deuda, se debe al buen recibimiento de los mercados a su reforma financiera, "respaldada por el Banco Central Europeo". El ministro, tras glosar las mejoras en competitividad y empleo que traerá, a medio plazo, la controvertida reforma laboral, se refirió también a los cambios normativos en los órganos reguladores y a la operación de crédito para agilizar el pago a los proveedores de la Administración como otros hitos en esta carrera por recuperar confianza. Tras el encuentro, el ministro avanzó que este viernes se aprobará el decreto con el que se trata de limitar, mediante un código de buenas prácticas, que los bancos insten el desahucio de personas que han dejado de pagar la hipoteca.