El Gobierno logra un crédito de 35.000 millones a 10 años para proveedores

Los alcaldes han logrado finalmente arrancar al Gobierno algunas de sus reivindicaciones para agilizar el pago de las facturas pendientes. El Gobierno desveló ayer varias de las condiciones financieras del mecanismo que ha diseñado para que los Ayuntamientos paguen las deudas pendientes con los proveedores.

El instrumento consiste básicamente en un acuerdo entre las entidades financieras españolas, incluido el ICO, para poner a disposición de los Ayuntamientos un crédito sindicado, con aval del Estado, para que liquiden sus deudas pendientes. Los alcaldes, a través de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), habían reclamado bajos intereses y plazos amplios de amortización.

Al final, el Gobierno los ha escuchado, en parte: los bancos, que se resistían, ofrecerán hasta 35.000 millones de euros —20.000 millones para los Ayuntamientos y el resto para las comunidades—. Esta cantidad es similar a la que habían estimado las principales organizaciones de proveedores. El préstamo, según ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, será a 10 años, con un periodo de dos años de carencia, condiciones similares a las que habían planteado los Ayuntamientos. En lo que no ha habido cesión es en el coste de la operación. La fórmula final es distinta de la que planteaba la banca (Euríbor a un año más 3,5 puntos porcentuales), pero el resultado es similar. El tipo de interés de partida será cercano al 5%, un coste que los Ayuntamientos consideran excesivo. Y la fórmula empleada será el tipo de emisión de la deuda pública a cinco años (ahora en el 4,6%), al que se sumará un margen de 115 puntos básicos.

La operación se ha diseñado a 10 años a pesar de la resistencia inicial de la banca a que fuera más allá de cinco años, oposición que argumentaba en la falta de instrumentos de financiación a plazos tan largos. Según detalló el ministro de Economía, Luis de Guindos, el Gobierno ha sorteado el escollo asumiendo la refinanciación de los otros cinco años. Se trata de un mecanismo mixto por el que los bancos solo prestan durante cinco años y los Ayuntamientos pagan en 10. Al final de los primeros cinco años, las Administraciones públicas que se acojan a este préstamo pagarán el resto de la deuda al Tesoro, que participará en una compleja operación de refinanciación de la deuda pendiente hasta entonces.

La banca se había resistido a ofrecer plazos superiores a cinco años por falta de financiación

Las facturas pendientes de pago a los proveedores se contabilizaban como deuda comercial que no computa como deuda financiera del Estado. Pero, a partir de ahora, al hacer uso del préstamo, las Administraciones las transformarán en deuda financiera y aumentará en 35.000 millones la deuda de España.

El plan de pago a proveedores establece que los Ayuntamientos tienen que presentar y justificar antes del 15 de marzo todas las facturas pendientes. Este mecanismo implica la elaboración de planes de ajuste municipales antes de fin de mes para justificar qué recursos se destinarán a pagar los préstamos con los bancos. El decreto establece que tendrán prioridad en el cobro los proveedores que perdonen parte de la deuda, así como lo que tengan las facturas más antiguas o hayan recurrido a la Justicia para reclamar la deuda.

“Es la operación financiera más importante realizada en España desde el punto de vista financiero y económico, porque se inyecta liquidez en un momento en el que las pymes sufren un doble estrangulamiento: por la situación crediticia y el no pago de las Administraciones territoriales”, explicó Guindos.