La banca ofrece créditos al 5% a cinco años para pagar a los proveedores

Las cartas ya están sobre la mesa. El Gobierno aprobó este viernes su plan para agilizar el pago de las multimillonarias deudas que acumulan los Ayuntamientos con sus proveedores. El decreto está repleto de exigencias a las corporaciones municipales, que deben compilar todas las facturas antes del 15 de marzo, y de condiciones para los proveedores. Pero faltaba lo esencial, los detalles de la operación financiera, que contará con el aval del Estado. La oferta de la banca es conceder préstamos a un máximo de cinco años, a un tipo de interés variable, que ahora estaría cercano al 5%. Los alcaldes quieren tipos fijos, más bajos, y sobre todo, plazos más amplios. La pelota vuelve ahora al tejado del Gobierno.

La negociación entre el Gobierno y la banca sigue aún abierta. En lo que hay más avance es en el tipo de interés al que prestarán las entidades: la propuesta se situará cerca del euríbor a un año más 3,5 puntos, lo que supondría ahora algo más del 5%. Está considerado un tipo de mercado, es decir, al que las entidades cruzan operaciones con sus clientes y que cubre sus costes de financiación mayorista. El Gobierno les solicitó un plazo fijo de interés, algo que parece ahora descartado porque supondría elevar el riesgo de la operación y, por lo tanto, también el tipo aplicado.

Otro de los problemas es el plazo que tendrían los Ayuntamientos para devolverlo. El sector financiero cree que los préstamos deberían tener una vigencia máxima de cinco años. La banca aduce que no tiene instrumentos financieros con los que financiarse para dar créditos a un mayor plazo.

La búsqueda de una fórmula que satisfaga al sector y al Ejecutivo no parece fácil. La banca ha ofrecido dos opciones: por un lado la constitución de un gran crédito sindicado de 40.000 millones entre todas las entidades o un sistema de relación bilateral entre el Ayuntamiento o la comunidad autónoma y la entidad financiera, en el que cada entidad asumiera un compromiso de dar crédito por un importe total equivalente, pero que permitiera una relación más directa con el cliente. En cualquiera de los casos habría aval del Estado y en el primero de ellos ese préstamo sindicado se podría conceder al ICO. Parece que el Gobierno apuesta por la primera opción mientras que algunas grandes entidades prefieren la segunda.

La negociación entre el Gobierno y la banca sigue aún abierta

La aportación que se ha pedido al sector son 20.000 millones para los ayuntamientos y otro tanto para las comunidades. Los bancos y cajas participarían en función de su cuota de mercado. Los ejecutivos bancarios coinciden en que, una vez que se ponga en marcha el mecanismo, "se notará mucho en la economía porque las empresas tendrán financiación y podrán volver a descontar facturas en las entidades financieras".

La propuesta de la banca está muy lejos de lo que los alcaldes consideran condiciones mínimas para no hipotecar las cuentas municipales. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) encargó este miércoles a su presidente y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que negocie con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a partir de tres criterios: que los préstamos tengan un periodo de carencia de entre dos y tres años, que el plazo de devolución se sitúe entre ocho y doce años y un tipo de interés por debajo del que rige en el mercado.

El Ejecutivo pide 40.000 millones para entes locales y comunidades

"La voluntad de los Ayuntamientos es pagar de la mejor manera posible", señaló el alcalde de Murcia y presidente de la Comisión de Hacienda de la FEMP, Miguel Angel Cámara (PP). Pero, advirtió, siempre que las condiciones "posibiliten que continúe la actividad municipal".

"Quienes tienen que beneficiarse de esta medida deben ser los proveedores y los Ayuntamientos, en ningún caso los bancos", advirtió Gaspar Zarrías, secretario de Política Municipal del PSOE, quien recordó que las entidades pueden financiarse al 1% en las subastas del Banco Central Europeo. "No se entendería que los tipos estuviesen muy alejados de ahí", añadió. Con todo, el mayor problema para los municipios está en el plazo: en plena recesión, con los ingresos inmobiliarios bajo mínimos y con la reforma de la financiación local todavía pendiente, lo que los alcaldes necesitan es más tiempo.