El dinero público y los bancos

¿Usted opina que los 240.000 millones de euros prestados a Grecia, los 85.000 millones a Irlanda o los 78.000 millones a Portugal son una pesada carga para los contribuyentes europeos? ¿Sospecha que los 40.000 millones que quizá tenga que ahorrar España para cumplir con el objetivo de déficit que le impone Bruselas supondrán una hipoteca insoportable para que nuestro país pueda volver al crecimiento? ¿Se sorprende de las gigantescas subastas de liquidez que el Banco Central Europeo (BCE) facilita a los bancos por centenares de miles de millones de euros, a un 1% de tipo de interés? Pues bien: el conjunto de estas cantidades, si fuesen homogéneas y se pudieran sumar, sería inferior a las ayudas directas que los Gobiernos europeos han concedido hasta ahora a sus bancos para que puedan sobrevivir.

Los programas de apoyo a las entidades financieras europeas tienen que ser aprobados por la Dirección General de la Competencia, de la Comisión Europea (CE). El comisario de la materia, Joaquín Almunia, ha actualizado los datos de las muletas —cantidades de dinero público para rescatar o reestructurar a las entidades financieras en dificultades— autorizadas en el periodo 2008-2010 (faltan, por tanto, las del año 2011, con operaciones tan significativas como las de las cajas de ahorros españolas o las del banco Dexia, auxiliado por segunda vez). Según Almunia (al que cita Efe) los Gobiernos de la Unión Europea (UE) han utilizado 1,6 billones de euros para rescatar a los bancos, desagregados en 400.000 millones para recapitalizarlos y solucionar el problema de la basura tóxica, y 1,2 billones en liquidez. La CE habría autorizado la reestructuración de 42 bancos desde la caída de Lehman Brothers en otoño de 2008, y estaría negociando la de otras 23 entidades.

Un estudio del servicio de estudios de La Caixa (Informe mensual, febrero de 2012) aporta otros datos muy significativos (siempre sin tener en cuenta aún el año 2011). Las cuentas del Gran Capitán de la banca europea serían las siguientes: en apoyos de capital y liquidez, 500.000 millones de euros, correspondientes a inyecciones directas de capital (con y sin derechos políticos), recompra de activos tóxicos para eliminar la incertidumbre de sus balances o concesión de créditos para favorecer la liquidez; en emisiones de deuda con aval público, 1,1 billones de euros. A ello hay que sumar la política macroeconómica del BCE, con sus masivas inyecciones de liquidez en créditos blandos y la compra de cédulas hipotecarias.

El estudio de La Caixa analiza los impactos de las ayudas en las cuentas públicas de los países, en tres direcciones. La primera, el endeudamiento: las inyecciones de capital, la compra de activos o las concesiones de créditos requieren importantes desembolsos por parte de los Estados, que han tenido que financiar con más deuda. Según datos de Eurostat, los pasivos de los Estados han crecido en 643.625 millones de euros como consecuencia de las intervenciones públicas en el sector financiero.

En segundo lugar, en los balances no están recogidas todas las ayudas públicas. Cuando estas se articulan a través de garantías o avales, el impacto en las cuentas estatales es distinto. Los avales a la emisión de nueva deuda han emergido como una muleta clave, pero no han exigido hasta ahora el desembolso de dinero de los Estados: a diferencia de las medidas de nacionalización o de las inyecciones de liquidez, no han aumentado el endeudamiento público, aunque generan fuertes riesgos potenciales. Por último, los Estados podrán tener ingresos o pérdidas derivados de todas estas ayudas que influirán en el déficit público; entre los ingresos se consideran la remuneración por los avales, las comisiones por préstamos,… y entre los gastos figura el coste de financiación de los préstamos, el deterioro de los activos adquiridos y, en su caso, la necesidad de ejecutar los avales. En el acumulado desde 2007 a 2010 los Estados europeos han incrementado el déficit público en casi 70.000 millones.

Mientras ello sucede, continúa la contracción del crédito a las familias y empresas y las expectativas no son mejores para el futuro inmediato. Un ciudadano ingenuo, el mismo que se hacía las preguntas iniciales, podría cuestionarse legítimamente para qué sirven los bancos y preguntarse “¿qué hay de lo mío?”.