Tres semanas de vértigo

Tras un mes inicial de titubeos y contradicciones, el Gobierno ha pisado finalmente el acelerador y, en las últimas semanas, ha lanzado las tres grandes reformas prometidas para encarar los más graves y urgentes problemas de España. Para detener el deterioro de nuestra credibilidad que ha supuesto el descontrol del déficit autonómico y local, se ha presentado un anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria; para acelerar el reconocimiento de pérdidas en el sistema financiero y recuperar la confianza en el mismo, se ha aprobado una nueva reforma de bancos y cajas, y para tratar de parar la sangría del paro y conseguir una devaluación interna (un reequilibrio de precios y salarios), se ha legislado una reforma laboral.

 Estas tres reformas traen mucho de bueno y alejan a España del colapso económico al que nos asomábamos a finales de 2011. Sin embargo, mientras que pueden ser útiles para sacarnos de la crisis en el corto plazo, no construyen el entramado suficiente para afrontar los graves problemas a los que se enfrenta España en el largo plazo. Son reformas que parten de un reconocimiento inteligente de los parámetros de la política y la opinión pública y tratan de llegar lo más lejos posible dentro de estos parámetros y de las realidades presupuestarias. Pero no son reformas radicales que cambien las reglas de juego en sí mismo y pongan en marcha un ordenamiento estable y razonable sobre el que fundar el crecimiento económico de España en las próximas décadas.

La primera reforma comenzó con la remisión el 27 de enero al Consejo de Estado del anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas. Este anteproyecto, que completa la reforma del artículo 135 de la Constitución del pasado otoño, consagra el objetivo de déficit estructural cero y otorga al Gobierno un poder mucho más claro para reinar en las cuentas de las comunidades autónomas, con la posibilidad de imponer importantes sanciones en caso de que las mismas no cumplan con sus obligaciones presupuestarias.

La segunda reforma, el 3 de febrero, fue la aprobación del real decreto de saneamiento del sistema financiero. Partimos de un sistema financiero con una exposición excesiva al riesgo inmobiliario y con una cartera de activos de muy dudoso valor. Por desgracia, probablemente a causa del descubrimiento de que simplemente no había dinero, ni en España ni en los fondos europeos de rescate, se renunció a crear un vehículo (un banco malo) que recogiese la suficiente cantidad de estos malos activos. En su lugar, el Gobierno hizo la mínima reforma compatible con la brutal restricción presupuestaria a la que nos enfrentamos. La reforma busca forzar el máximo reconocimiento de pérdidas que nos podamos permitir. Mientras este reconocimiento supone un crucial paso adelante, dada la enormidad de la exposición al riesgo inmobiliario de nuestros bancos y cajas, no será la última reforma que veremos en este sector. La reforma elige continuar el saneamiento mediante fusiones, pero, como hemos visto, fusionar varias entidades malas y opacas solo crea entidades aún peores y más opacas, pero que, con su mayor tamaño, pueden poner en peligro todo el sistema. Es de desear que las fusiones que se produzcan generen entidades viables, al contrario de muchas de las operaciones de la anterior reestructuración.

Finalmente, el 11 de febrero se publicó el real decreto ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. A pesar de las protestas de unos y otros, a ningún observador neutral le puede quedar duda de que el mercado de trabajo español no funciona. En una situación de enorme paro, hemos visto incrementos pactados de las remuneraciones en los convenios. Esta es la evidencia más incontestable de que el sistema de negociación colectiva está roto y de que la única respuesta de nuestro mercado laboral a una crisis es el despido masivo de trabajadores temporales y el cierre de empresas. La reforma da varios pasos importantes hacia adelante para facilitar la flexibilidad interna y el ajuste de los salarios a la situación económica de las empresas, pero no reduce la dualidad ni la temporalidad, y habrá de ser completada, a buen seguro, en el medio plazo.

Vistas en conjunto, cabe alegrarse de que España acometa reformas que ataquen de raíz los problemas presupuestarios, financieros y de mercado de trabajo y que dan los incentivos correctos a los agentes.

Tristemente, estas reformas son también una oportunidad perdida. Leyendo las normas con atención, como hemos hecho para nuestro blog NadeEsGratis junto con Samuel Bentolila, Tano Santos y otros, nos ha sorprendido la complejidad del entramado legal propuesto. En la reforma laboral, por ejemplo, lejos de simplificar las figuras contractuales y la negociación colectiva, el sistema se ha convertido si cabe en aún más enmarañado. Se ha perdido una oportunidad excelente de reducir la dualidad y la complejidad introduciendo un contrato con indemnizaciones crecientes. En segundo lugar, las reformas dan un poder enorme al Gobierno; apuestan por la discreción y no por construir un sistema de reglas estable y creíble. Por ejemplo, el Gobierno será parte tanto en el cálculo de los déficits estructurales como en las proyecciones presupuestarias futuras sin que realmente tenga que responder ante nadie y no se creará un Consejo de Estabilidad Fiscal independiente que tan útil se ha demostrado en la experiencia de otros países europeos.

Pensamos en especial en Suecia, que en los años noventa del siglo pasado se enfrentó a una fortísima crisis que guarda muchas similitudes con la nuestra actual (estallido de una burbuja inmobiliaria, sistema financiero en terribles dificultades, un gran déficit presupuestario). Como respuesta a esta crisis, Suecia apostó decididamente por crear instituciones sólidas y transparentes que le ayudasen a crecer de nuevo, incluyendo un Consejo de Política Fiscal que evalúa, de manera independiente y objetiva, el grado de cumplimiento de los objetivos fiscales y la credibilidad de las proyecciones.

Aún estamos a tiempo de corregir muchos de estos problemas en los diferentes trámites parlamentarios. Pongámonos en ello lo antes posible.

Jesús Fernández-Villaverde es profesor de la Universidad de Pensilvania e investigador de FEDEA.

Luis Garicano es profesor de la London School of Economics e investigador de FEDEA.