Economía controla a las cajas para que no esquiven las provisiones 'antiladrillo'

La tensión entre el Ministerio de Economía y las cajas de ahorros (mejor dicho, algunos bancos procedentes de cajas) sigue subiendo. Las entidades creen que el organismo dirigido por Luis de Guindos recela de ellas sin razón. Sin embargo, el ministerio vigila de cerca la presentación de resultados de 2011 para que se cumpla la normativa contable. En concreto se controla que las provisiones y el capital extra derivadas del decreto de la reforma financiera se carguen contra resultados y no contra patrimonio. La única excepción será para las entidades que hayan iniciado una fusión tras el 1 de septiembre de 2012, que tendrán dos años para realizar el saneamiento antiladrillo. Este es el caso del Popular y el Pastor, así como la protagonizada por Sabadell y CAM. Este caso figura en el proyecto de la nueva circular contable del Banco de España.

Fuentes del ministerio recuerdan que “las entidades no podrán realizar su saneamiento contra patrimonio”, salvo las excepciones señaladas. La ventaja de cargar el saneamiento contra el patrimonio es evitar entrar en pérdidas y así rechazar cualquier intento de fusión para continuar en solitario. Los analistas destacan el temor que existe en España “a tener pérdidas” que dañen la reputación.

La polémica se centra en un grupo de cajas que están terminando sus procesos de fusión iniciados en 2010. Algunas de ellas podrían utilizar la argumentación legal que la ley les permite cargar en 2011 (hasta un año después de la fusión) nuevos ajustes contra recursos propios. Para evitar que se traten de las provisiones del decreto, el Banco de España vigila individualmente los ajustes.

Fuentes de Banco Financiero y de Ahorro (BFA), matriz de Bankia, admiten que han elevado el cargo contra patrimonio en el ejercicio 2011, pero que se debe a reajustes posteriores a la fusión, que fue en diciembre de 2010. En su opinión, la normativa nacional e internacional permite esta operación. Igual opinión ha manifestado Banca Cívica, que todavía no ha presentado los resultados de 2011 y ha tenido que realizar tres explicaciones sobre cuánto será el coste de las provisiones del decreto. Incluso la CNMV le pidió aclaraciones a uno de sus escritos porque no decía cómo haría frente a las provisiones. Banca Cívica admite que el coste de la reforma se elevaría a 2.031 millones, si bien las nuevas provisiones que debe realizar ascienden a 575 millones que espera obtener del margen del negocio y la conversión de preferentes.