Repsol, Telefónica y BBVA se quedarán sin protección frente a Chávez en julio

Las empresas españolas se quedarán desde el 25 de julio sin la principal defensa para sus inversiones en Venezuela. En esa fecha se quedará sin efecto el convenio que protege a inversores extranjeros bajo el paraguas del Banco Mundial. Así lo ha comunicado al Gobierno español el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), según fuentes de dicho organismo, dependiente del Banco Mundial. El CIADI realiza arbitrajes en caso de disputas y establece las indemnizaciones a que tienen derecho las empresas en caso de que los Gobiernos se salten las normas internacionales o nacionalicen empresas, como ha hecho habitualmente el Gobierno de Hugo Chávez en los últimos años.

Chávez anunció la semana pasada la "denuncia irrevocable" del convenio por el que se somete al CIADI. Eso es un motivo de preocupación para los inversores extranjeros, que cuentan con una garantía menos de respeto de sus inversiones en Venezuela.Entre las empresas españolas, las que tienen mayores intereses en el país son Repsol, Telefónica, el BBVA y Mapfre.

Los resultados de esas empresas en Venezuela se han visto afectados por la devaluación del bolívar y por la inflación fuera de control del país, que obliga a considerarlo como hiperinflacionario a efectos contables. Además, en reiteradas ocasiones, Chávez ha amenazado con nacionalizar la filial del BBVA, BBVA Provincial, uno de los principales bancos del país. Telefónica ha tenido problemas para lograr repatriar vía dividendos los beneficios de su filial, que es líder en telefonía móvil en Venezuela.

El CIADI ha comunicado al Gobierno español que recibió la denuncia venezolana del convenio el pasado 24 de enero y que, de acuerdo con el artículo 71 del tratado, esa denuncia se hará efectiva en un plazo de seis meses, con lo que dejará de proteger las inversiones extranjeras a partir del 25 de julio, según la notificación del CIADI.

Pero, en realidad, el Gobierno de Chávez no parece dispuesto a esperar siquiera esos seis meses. "Yo me considero ya libre, desenganchado, hace tiempo más bien que era una deuda con nosotros mismos", declaró el pasado viernes, según informó Efe.

Chávez indicó que "no hay ni podrá haber ni habrá ninguna instrucción de ningún centro económico, político, de cualquier tipo en este planeta que esté por encima o que pretenda estar por encima (...) de la Constitución bolivariana".

"Son organismos para favorecer al capitalismo mundial. ¿Cómo vamos a estar nosotros, un país socialista, sujeto a eso, que además es inconstitucional? Cualquier decisión que tomen en el Ciadi rebota contra esta Constitución soberana", señaló a los periodistas el presidente venezolano.

 A principios de enero, Chávez, en el poder desde 1999, ya había anunciado su intención de abandonar el CIADI. Venezuela "se adhirió a este convenio en 1993, por decisión de un Gobierno provisional débil y desprovisto de legitimidad popular, presionado por sectores económicos transnacionales que participaban del desmantelamiento de la soberanía nacional venezolana", justificó en una nota el Gobierno bolivariano de Hugo Chávez.

Venezuela tiene abiertos una veintena de litigios en su contra en ese organismo, entre los que destacan sendas denuncias de las petroleras estadounidenses ExxonMobil y Conoco Phillips, que exigen una indemnización por las nacionalizaciones de sus activos en 2007. Chávez dio ese año un paso más en la nacionalización de los recursos petroleros, vigente desde 1975, y estableció una estructura de empresas mixtas en las que la petrolera estatal PDVSA debía tener al menos el 60%, algo que fue rechazado por las dos petroleras estadounidenses.

Eso provocó la nacionalización de los activos de ambas compañías y el inicio de procesos de arbitraje internacionales. El caso de ExxonMobil fue dirimido por la Cámara de Comercio Internacional, que impuso a Venezuela una indemnización de 907 millones de dólares, menos de un 10% de lo que había solicitado el gigante estadounidense. Sobre Conoco Phillips, el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, indicó que Venezuela aguardaría la decisión del CIADI, pese a su salida.

El Gobierno venezolano asegura que la "jurisdicción internacional ha fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales en las 234 causas que ha conocido a lo largo de su historia", según el comunicado divulgado el miércoles.