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Los sindicatos llaman a los empleados públicos a manifestarse el 14 de diciembre

Los sindicatos exigen más concreción a la propuesta de recortes y la Generalitat

Llevan días amagando con que habrá movilizaciones en contra del recorte que la administración catalana ha planteado para los 203.000 trabajadores de los departamentos, el servicio de salud y las empresas públicas. Tras la primera reunión de ayer y en vistas al desarrollo de la de hoy, los sindicatos CC OO, UGT e IAC han convocado una concentración de protesta para el próximo 14 de diciembre por la tarde en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, frente a la Generalitat.

La segunda sesión de reunión de la Mesa General de la Función Pública, que se ha celebrado esta mañana, no avanza: los sindicatos siguen exigiendo más concreción a la propuesta de recortes y la administración, por ahora, no satisface esta exigencia. Anoche, los sindicatos consiguieron la cuantificación estimada de los recortes (840 millones de euros), pero en qué porcentaje reducirán las pagas o cuántos interinos perderán el trabajo.

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La Generalitat despedirá interinos y eliminará pagas y permisos a los empleados públicos

Los recortes que ayer puso el Departamento de Gobernación sobre la mesa se dividen entre medidas coyunturales y estructurales. Las puntuales (aunque hoy, según fuentes sindicales, la administración ha insinuado que podrían prolongarse más allá de 2012) figura la revisión de la plantilla de interinos, la reducción de la parte catalana de las pagas dobles, la suspensión del fondo de acción social y de la aportación al plan de pensiones y la congelación de nueva oferta de oposiciones. Entre las medidas estructurales, la Generalitat plantea eliminar los tíquets de comedor de cinco euros por tarde trabajada, reducir los días de asuntos propio o reducir el beneficio del que gozan las madres durante el primer año de vida de sus hijos: cobran el 100% del sueldo pese a reducirse la jornada laboral.

Los sindicatos calificaron ayer los recortes de inadmisibles y aseguraron que supondrían volver a las condiciones laborales y sociales de los empleados públicos hace 30 años. Además, estiman que si se aplican las medidas propuestas, sumadas a la reducción salarial del 5% en 2010 y la congelación de este ejercicio, podrían perder entre un 25% y un 30% de su poder adquisitivo en solo tres años.

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