El Supremo decidirá sobre la venta de Cacaolat en Madrid o Barcelona

El Tribunal Supremo decidirá si el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid es competente para autorizar a Clesa a vender las acciones de su filial Cacaolat, una operación que "se solapa y superpone" con el proceso de enajenación del fabricante de batidos emprendido en Barcelona. En un auto publicado hoy, el titular del juzgado madrileño, Francisco Javier Vaquer, ha decidido plantear la cuestión de competencia ante el Alto Tribunal, después de que el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona se negara el pasado 5 de agosto a dejar de tramitar el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) de Cacaolat y a suspender la venta de la unidad productiva, que generaría ingresos sólo para esa firma.

Vaquer, que supervisa el proceso de insolvencia de Clesa, defiende que debe ser la láctea quien decida sobre el futuro de la filial catalana de batidos, ya que es su propietaria y de otro modo ni siquiera tendría dinero para pagar los salarios pendientes y el despido de sus más de 500 trabajadores. En cualquier caso, el juez de Madrid considera "aconsejable paralizar ambas ventas en tanto no se resuelva" quién debe decidir el futuro de Cacaolat, que es una de las pocas firmas de Nueva Rumasa que tiene una buena situación patrimonial, ya que cuenta con activos de 129,46 millones de euros, frente a unas deudas de 29,79 millones.

En el auto conocido hoy, Vaquer sostiene que "es la posición de la sociedad dominante, la administración concursal de ésta y el juez del concurso (...) quienes se encuentran en mejor posición económica y procesal para la determinación de la conveniencia de la venta de una empresa dominada mediante la enajenación de su accionariado al ser inversión financiera o de la totalidad de sus unidades productivas".

También considera que, al ser Clesa la matriz, debe decidir el destino "del precio de la venta y qué proceso presenta mayores gastos perentorios, créditos contra la masa de ineludible pago, líneas de producción a mantener o extinguir o reducir, centros a conservar o cerrar, etc". En suma, que estas decisiones exigen "una completa visión y un extenso examen de las realidades de ambas sociedades, sin poder atender al devenir económico de una de ellas por la mera titularidad de los bienes y derechos a enajenar, dadas las irreparables consecuencias en la adopción de una u otra decisión".

Como argumento adicional, Vaquer recuerda que la propia administración concursal de Cacaolat ha revelado la existencia de operaciones y pagos en beneficio y en perjuicio de Clesa que deben ser examinados. Por ejemplo, recuerda que el precio de la venta del 5% de las acciones al empresario Manuel Esteve fue a parar al fabricante de batidos en vez de a la láctea, aunque Cacaolat también financió a la empresa madrileña cuando su situación era "difícil y complicada".

A su juicio, esas relaciones y el desvío de fondos a otras sociedades de Nueva Rumasa exigen una "visión global y perspectiva de conjunto que sólo ostenta la administración concursal de la sociedad dominante y el juez del concurso de la sociedad dominante".

Clesa, que fue declarada en concurso de acreedores el pasado mes de mayo, es la empresa de Nueva Rumasa con mayor déficit patrimonial, ya que tiene unas deudas de al menos 1.112 millones, frente a unos activos de 304,76 millones. Por ello, sus administradores concursales pidieron el pasado 29 de julio que se les autorizara a vender el 95 % de las acciones de Cacaolat por al menos 20 millones de euros en efectivo, en un proceso que se preveía que terminara en septiembre.

Con esa petición, la administración concursal de Clesa intentaba adelantarse al proceso de venta de la unidad productiva de Cacaolat que había sido solicitado por los administradores concursales de la empresa de batidos en los juzgados de Barcelona.