Reordenación del sector financiero

Madrid defiende que la eventual fusión de Caja Madrid se rija por motivos de solvencia

Granados advierte contra la injerencia política en la reestructuración del sector financiero

Madrid - 04 ago 2009 - 14:51CEST

Los diferentes gobiernos regionales implicados en una eventual integración entre Caja Madrid, Caixa Galicia y la CAM, los tres del PP, están desvelando sus posiciones frente a una operación que, de salir definitivamente adelante, convertiría a la entidad madrileña en la segunda caja del país. Según ha afirmado hoy el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, la posible fusión debe basarse en motivaciones "estrictamente económicas" y de solvencia, y no políticas.

Frente a la oposición de pleno que viene desde la caja gallega y la advertencia que lanzó ayer el presidente de esta comunidad, Alberto Núñez Feijóo de que la última palabra la tiene la Xunta, Granados, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha empezado hoy por admitir que es "evidente" que el sector financiero "se encuentra en un momento muy delicado" para reconocer después de que tendrá que reestructurarse. "En los próximos meses habrá un proceso de fusión de diferentes entidades y cajas", ha augurado antes de señalar en respuesta a los medios sobre la fusión de Caja Madrid que estos movimientos "ya han empezado y seguirán en el futuro". Aunque sin citarla ni referirse en ningún momento a alguna entidad en concreto.

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En su opinión, "la fusión y la decisión que se tome no debe tener ningún componente político, sino debe ser de tipo técnico que tendrá que valorar la dirección, los directivos de la caja y el Banco de España, fundamentalmente", ha afirmado. De hecho, ha considerado negativo que los políticos opinen con quién se tiene que fusionar o no la caja. "Tiene que ser una decisión de tipo técnico basada en motivaciones estrictamente económicas, de solvencia y de estrategia puramente económica de las cajas que deben fusionarse", ha sentenciado.

No obstante, son los propios políticos quienes tienen la última palabra en este tipo de procesos. Tal y como admitió ayer Feijóo, "sin la autorización de la Xunta no puede haber ningún acuerdo".

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