Economía subraya que el FROB respeta el reparto de competencias entre Estado y autonomías
En respuesta al Consejo Consultivo de la Generalitat, que considera que el decreto de fusión de cajas invade las competencias de Cataluña
El Ministerio de Economía y Hacienda subrayó hoy que el Fondo de Reestrcturación Ordenada Bancaria (FROB) respeta el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, después de que el Consejo Consultivo de la Generalitat estimara que el fondo vulnera el Estatut.
Antes, el Consejo Consultivo había dictaminado que el decreto con el que el Gobierno crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y que busca favorecer la fusión de las cajas de ahorro, invade las competencias de la Generalitat en varios de sus artículos. Ahora el gobierno catalán tendrá que decidir si presenta un conflicto de competencias y un posterior recurso ante el Tribunal Constitucional. Se espera que esto suceda después del verano.
La invasión de competencias se produce, según el máximo órgano jurídico de la administración catalana, al vulnerar el derecho de veto que tenía hasta ahora la Generalitat sobre las operaciones de fusión de las cajas radicadas en la autonomía. El decreto prevé que el Banco de España pueda autorizarlas en determinados casos sin contar con el visto del gobierno catalán.
En el decreto de creación del FROB se contempla que la Generalitat solo puede enviar un informe no vinculante sobre las cajas intervenidas por el Banco de España y que es este último el que autoriza la fusión y sólo se concede al ministro de Economía la potestad de abortar las operaciones en un plazo máximo de diez días.
Una vez remitido el dictamen del Consultivo al gobierno de la Generalitat, que es quien lo solicitó formalmente, éste ultimo deberá decidir si presenta un conflicto de competencias y un posterior recurso ante el Tribunal Constitucional, lo que podría tener lugar en la primera reunión del ejecutivo catalán tras las vacaciones de verano.
El presidente de la Generalitat, José Montilla, ya avanzó a principios de julio que su administración interpondría un conflicto de competencias si los informes jurídicos de la Generalitat certifican que el decreto del Gobierno central suponía una invasión de competencias.
También el conseller de Economía, Antoni Castells, indicó ante el pleno del Parlament que había "indicios" de que el decreto vulneraba las competencias de la Administración catalana en esta materia, por lo que se mostró partidario de recurrirlo en el caso de que estas sospechas quedaran confirmadas.
