La Audiencia Nacional inculpa a 14 personas por estafa en el 'caso Gescartera'

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha dictado el auto de apertura del juicio oral en el 'caso Gescartera', en el que acusa a catorce personas,entre los que no se encuentran Pilar Valiente y Enrique Giménez Reyna, de los delitos de apropiación indebida y estafa y les exige una fianza por importe de 52 millones de euros, según el auto comunicado hoy a las partes.

Así, Palacios considera que han sido autores de un delito continuado de apropiación indebida y estafa el principal accionista de Gescartera, Antonio Camacho; su presidenta, Pilar Giménez-Reyna; los apoderados José María Ruiz de la Serna y Javier Sierra de la Flor; el ex responsable de informática, Miguel Angel de Vicente González, y el propietario de la sociedad AGP, Anibal Sardón Alvira.

También atribuye la misma condición y delito al asesor fiscal Agustín Fernández Ameneiro; a la esposa de Camacho, Laura García Morey; a la contable Angeles Leis; al representante legal de la sociedad Ari 2000, Julio Rodríguez Gil, y a la secretaria de Sardón, Inmaculada Baltar Santos.

Además, la juez indica que el director de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats Oria, el empleado de esta sucursal José Alfonso Castro Mayoral y el colaborador de Gescartera Carlos Pascual Ortín Barrón son cómplices de un delito de apropiación indebida y estafa.

Delito de falsedad

La magistrada también ha acusado a Antonio Camacho y a José María Ruiz de la Serna de un delito continuado de falsedad y de otros dos delitos de falsedad a Aníbal Sardón.

A todos ellos, excepto a Castro Mayoral y a Prats Oria, les ha exigido que depositen una fianza solidaria de 50,22 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, para cubrir la indemnización a que tengan derecho los clientes de Gescartera y el Fondo de Garantía de Inversiones.

Además, a varias de estas personas les ha exigido que aporten fianza para responder a las multas a que puedan ser castigados por importe de 1,75 millones.

Teresa Palacios también ha abierto juicio oral contra diez sociedades vinculadas a Gescartera, que figuran como responsables civiles directos por importe 50,22 millones de euros, condición que también ha asignado a Prats Oria y a Castro Mayoral, a los que ha fijado en 26,37 millones de euros el importe de su responsabilidad. De esta última cantidad responderá La Caixa como responsable civil subsidiario.

Caja Madrid Bolsa también ha sido declarada como responsable civil subsidiario, pero se hará cargo de "la cantidad que resulte a partir de los movimientos en cuenta a través de esta entidad en ejecución del contrato suscrito el 10 de enero de 1999".

Participes a título lucrativo

La juez también ha designado a otras catorce personas y cinco sociedades como partícipes a título lucrativo, a las que considera responsables civiles por un importe de 8,47 millones de euros.

Los partícipes a título lucrativo son: herederos de José Camacho Martínez, padre de Antonio Camacho; su madre, Pilar Friaza Albarranch; Nuria y Esther Rodríguez Martín de los Santos; Víctor Gil Bernabé; Juan Antonio Rodríguez Espejo; José Rafael Camacho Friaza; Pedro y Francisco Javier Vicente González; Mikel Unanue Ucín; Francisca Alhambra Muñoz y Aníbal, Susana y Javier Sardón Alhambra.

Las sociedades partícipes a títulos lucrativo son Dacna y Colombo; SCG Servicios de Consultoría Generales; Tecnibrand; Raimib Service y Baltar Santos. Las sociedades responsables civiles directas por importe de 50,22 millones son la agencia de valores Gescartera Dinero; las gestoras Gescartera Gestión, Gescartera Dinero y Gescartera Pensiones; Bolsa Consulting Madrid; Bolsa Consulting; Breston; Promociones Andolini; BC Fisconsulting y Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP).

La juez ha asumido en este escrito todas las peticiones del fiscal, que solicitó una pena de prisión de 11 años para Camacho por los delitos de apropiación indebida y estafa.

Respecto a los requerimientos de las otras 45 acusaciones, Teresa Palacios ha optado por no acusar a 39 personas contra las que se habían presentado cargos, entre ellas, la ex presidente de la CNMV, Pilar Valiente, y el ex secretario de Hacienda Enrique Giménez-Reyna.