El juez rechaza tomar declaración al ex director de inversiones de KIO en el 'caso Urbanor'
El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha dado marcha atrás y ha decidido no tomar declaración como testigo del caso Urbanor al ex director de inversiones de KIO Richard Robinson, pese a que así se lo habían solicitado Alberto Cortina y Alberto Alcocer.
Según un auto al que ha tenido acceso EFE, el juez ha estimado el recurso presentado por la familia San Martín, aunque ha rechazado el sobreseimiento o archivo de la causa, tal y como había pedido la defensa.
El juez se desdice así de su decisión del pasado 19 de mayo de solicitar una comisión rogatoria al Reino Unido para tomar declaración al ex directivo de KIO y argumenta que no cabe "una repetición de las pruebas o diligencias practicadas".
Tampoco procede, según el auto, "ni una nueva valoración de las manifestaciones" de Robinson, "ni una nueva declaración de éste".
Durante la instrucción del caso, Robinson declaró que no recordaba que se hubieran pactado precios diferentes para la venta de Urbanor y resaltó que él no había firmado documento alguno en ese sentido.
Sin embargo, años después se desdijo en una declaración firmada ante un notario de Londres, aunque este testimonio no fue tenido en cuenta por la Audiencia Provincial de Madrid ya que no se le pudo tomar declaración en persona al no presentarse a la citación.
En el recurso presentado por la defensa de la familia San Martín se recordaba este extremo y se resaltaba que Robinson ya declaró "firme y claro" en el juzgado de instrucción que KIO fijó el precio de compra de Urbanor a razón de 231.000 pesetas el metro cuadrado y no a las 150.000 pesetas que figuraba en la carta enviada por Cortina y Alcocer a los accionistas minoritarios de Urbanor.
Además, se recordaba que durante el juicio mantuvieron esta misma versión el entonces jefe de la asesoría jurídica de Construcciones y Contratas, Romualdo García Ambrosio, que preparó el contrato de venta a KIO, y también el que fuera consejero delgado de Urbanor y director general de Construcciones y Contratas Rafael Montes.
Cortina y Alcocer fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión por los delitos de estafa y falsedad documental en el conocido como caso Urbanor, al negociar la venta de esta sociedad y obtener por su participación un precio que duplicaba el recibido por los socios minoritarios (entre ellos San Martín y Sentieri).
