Una juez investiga si hubo falso testimonio en el 'caso Urbanor'

El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid investiga a uno de los querellantes del caso Urbanor, Pedro Sentieri, ante la posibilidad de que hubiera prestado falso testimonio en el juicio que condenó a Alberto Cortina y Alberto Alcocer a tres años y cuatro meses de cárcel por estafa y falsedad en documento mercantil.

Estas diligencias, según el auto de la juez de instrucción, se abrieron a raíz de la aparición de una carta, en abril de 2003, presuntamente firmada por Sentieri y dirigida a otro de los querellantes del caso Urbanor, Julio San Martín, en el que le aconsejaba obviar determinados hechos en el juicio contra los financieros.

Alberto Cortina y Alberto Alcocer fueron condenados por el Tribunal Supremo en marzo de 2003 al considerar probado que engañaron a los socios minoritarios de Urbanor -entre ellos Sentieri y San Martín- al negociar la venta de la sociedad, ya que consiguieron por su participación un precio que duplicaba al que recibieron los pequeños accionistas.

En la mencionada carta, supuestamente redactada por Sentieri, se sugiere a San Martín que no revele que les interesó percibir por los terrenos de Urbanor -donde finalmente se instalaron las Torres KIO- un menor precio, dado que se excluían determinados compromisos, "manifestarlo haría más difícil probar la estafa que cometieron y no debemos dar motivos para debilitar lo evidente, que nos estafaron".

En el transcurso de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, la policía científica ha confirmado en un reciente informe pericial, al que ha tenido acceso Efe, la autenticidad de la firma de la citada carta, que corresponde a Sentieri, aunque no ha podido dictaminar técnicamente sobre la antigüedad del folio, de la letra mecanografiada y de la firma.

Fuentes jurídicas consultadas indicaron que el hecho de que la firma sea auténtica puede proporcionar nuevos argumentos a la defensa de Cortina y Alcocer, que actualmente están en libertad a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo que presentaron.