Las CC AA, dispuestas a que los comercios abran un mínimo de ocho domingos y festivos

Gobierno central y comunidades autónomas están de acuerdo en establecer que los establecimientos comerciales abran un mínimo de ocho festivos al año y 72 horas semanales, dejando a los Gobiernos de cada autonomía la tarea de fijar los horarios máximos de apertura.

El director general de Política Comercial, Ignacio Cruz Roche, explicó este principio de acuerdo, basado en el planteamiento inicial del Ministerio de Industria, y aseguró que persigue anteponer la defensa de la competencia en el sector a otras prioridades, como la protección del pequeño comercio, de la que también se ocuparán.

"La política de horarios, junto con otras políticas que vamos a seguir, como el aplazamiento de pagos a proveedores, como el tema de tarjetas de crédito, nosotros no lo planteamos desde la perspectiva de proteger al pequeño comercio; nosotros queremos proteger la competencia y la rivalidad dentro del sector", afirmó Cruz Roche. "Una vez dicho éso", añadió, "sí que también vamos a apoyar al pequeño comercio". Señaló que el actual plan de modernización del pequeño comercio se va a transformar en un "plan de calidad".

El Gobierno ha propuesto aprobar la nueva normativa mediante un proyecto de ley, para que haya "un amplio debate" dentro y fuera del Parlamento, de manera que pueda aprobarse para enero de 2005. Éste partiría de un mínimo de ocho festivos al año y 72 horas semanales que luego las autonomías podrían ampliar sin limitaciones en la medida de sus características económicas y sus necesidades.

Además, está en proyecto modificar la Ley de Comercio Minorista en la segunda mitad de la legislatura para adaptarla a la normativa reciente de la UE sobre distribución y competencia, así como a la realidad actual, por ejemplo, el comercio por Internet, que no existía en 1996, cuando se aprobó la ley actual.

Cruz Roche señaló que para proteger la competencia en el comercio es fundamental vigilar las concentraciones en el ámbito local, tarea que depende de las comunidades autónomas, que utilizan la segunda licencia como un filtro, y del Servicio de Defensa de la Competencia. "Nosotros pensamos que en la distribución comercial la política que se había seguido hasta ahora había llevado a una fuerte concentración de los principales operadores, lo que lleva a una reducción de la competencia que, a su vez, se traslada hacia precios a los consumidores", señaló.