El Congreso aprueba el aplazamiento de la entrada en vigor de la ley ferroviaria

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy el aplazamiento hasta el 31 de diciembre de la entrada en vigor de la polémica ley ferroviaria, prevista para el 18 de mayo, que iba a suponer la apertura del ferrocarril a la competencia y el fin del monopolio de Renfe.

El Ejecutivo justifica la demora de la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario en la necesidad de redactar "un amplio conjunto de normas" que la desarrollan y cuya "aprobación simultánea o en fechas inmediatas a la de la aplicación de la Ley es estrictamente necesaria para completar el nuevo régimen del sector con garantía jurídica y seguridad del transporte". La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, subrayó durante su comparecencia que las dos razones fundamentales para ampliar el plazo son la falta de desarrollo normativo necesario y la "indefinición" de la organización funcional de los nuevos organismos Adif y Renfe Operadora.

"La pertinenecia del Real decreto-ley resulta incuestionable", aseguró Álvarez, quien reiteró que existen elementos fundamentales de la Ley "pendientes" de desarrollo normativo que en el momento de la toma de posesión del nuevo Gobierno se encontraban en un estado de avance que, según dijo, hacian "imposible" contemplar su aprobación antes del 18 de mayo. "El actual Gobierno se encuentra con la inminente entrada en vigor de una ley de gran trascendencia sin que se hubieran llevado a cabo los desarrollos normativos necesarios previos a su su entrada en vigor y previstos en la propia Ley", dijo la ministra.

La titular de Fomento agregó que otro de los motivos del aplazamiento es la "necesaria" viabilidad y sostenibilidad financiera de las empresas públicas ferroviarias, y señaló en este sentido que la deuda acumulada de Rende asciende a más de 7.200 millones de euros. Asimismo, reclamó el "máximo grado de consenso posible" con las comunidades autónomas en torno al nuevo modelo ferroviario, y recordó que se han interpuesto seis recursos de inscontitucionalidad contra determinadas disposiciones de la ley que han sido admitidos a trámite. En concreto, recurrieron la norma los gobiernos de Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias y Cataluña, además del Parlamento de esta región. La ley fue también contestada por diversos colectivos sociales, incluida gran parte de los trabajadores del sector ferroviario.

Aprobada con el PP en contra

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en el Congreso, Andrés Ayala, no consideró "justificada" en "ningun caso" la convalidación del Real decreto-ley y volvió a expresar su sospecha de que tras esta decisión haya "razones ocultas" para suspender la entrada en vigor de una ley "tan trascendente" como la de la regulación del sector ferroviario."Si quieren modificar esta ley díganlo ahora, pero no nos empiecen ya a engañar con cuestiones distintas", dijo Ayala durante su comparecencia, en la que afirmó además que la deuda de Renfe no justifica el aplazamiento.

En su segunda intervención, la ministra de Fomento rechazó las "insinuaciones" del diputado del PP, a quien pidió que presentara sus disculpas por "el tono, la forma y el fondo" de su discurso, y dejó claro que el aplazamiento de Ley Ferroviaria no se hace de forma "caprichosa", tal y como había señalado Ayala. "No es una suspensión caprichosa de la Ley, es ampliar el plazo para preparar al sector. sus insinuaciones son inadmisibles", zanjó la titular de Fomento.