El fiscal adscrito al 'caso Gescartera' rechaza una nueva rebaja de la fianza de Camacho
Los dos pisos que presentó para salir de prisión el dueño de la agencia no cubren los 600.000 euros exigidos
El fiscal Anticorrupción adscrito al caso Gescartera, Vicente González Mota, rechaza una nueva rebaja a la fianza, que originariamente ascendía a 3 millones de euros y ha quedado en 300.000 euros, impuesta al dueño de la agencia de valores, Antonio Camacho, y que ha sido solicitada por su defensa. Así lo han confirmado fuentes jurídicas a EP.
El pasado 16 de abril, la juez de la Audiencia Nacional instructora de este caso, Teresa Palacios, se valió de un informe elaborado por un perito inmobiliario para determinar que los dos pisos presentados por Camacho, el de su madre y el de su hermano, no cubrían el doble de los 300.000 euros solicitados. En el caso de que se intente hacer frente a una fianza con avales, estos deben superar el doble de la cantidad impuesta.
En vista de la decisión de la magistrada, a la defensa de Camacho no le ha quedado otra opción que volver a solicitar una reducción de la fianza impuesta a su cliente para que pueda salir de prisión. Los pisos de la madre y el hermano ya fueron presentados como aval cuando la juez le rebajó la fianza de 3 a 1,5 millones de euros.
El pasado 30 de marzo el fiscal propuso a la juez Palacios que rebajara la fianza de Camacho de 1,5 millones de euros a 300.000 euros, y la magistrada acordó esta rebaja. El fiscal propuso como medidas cautelares, para asegurar que Camacho siga sujeto al procedimiento, presentaciones diarias, vigilancias policiales y la retirada de su pasaporte.
Antes, en octubre de 2003, la juez Palacios rebajó a la mitad la fianza de 3 millones de euros (500 millones de pesetas) impuesta al ex máximo accionista de la agencia de valores y principal imputado en la causa.
De continuar en prisión Camacho, el 17 de julio de este año cumplira 3 años en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid). El 14 de julio del año pasado, días antes de cumplirse dos años de su ingreso, la magistrada acordó mantener la medida al considerar, entre otras razones, que existía riesgo de fuga.
