600 nuevos afectados presentan una querella contra Gescartera

ADICAE ha comparecido hoy y ha pedido la responsabilidad civil de la ONCE y de la firma auditora Deloitte and Touche, porque firmó sin salvedades las cuentas de Gescartera del año pasado, cuando todavía no se había convertido en agencia de valores, sino que operaba como sociedad de cartera.

En la querella, ADICAE ha solicitado también que declaren ante la juez todos los miembros del equipo del Consejo d de Gescartera, de quienes requiere que Teresa Palacios les embargue bienes por valor de 17.000 millones, el importe del posible quebranto que podría haber causado Gescartera a sus clientes.

El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, ha explicado que Gescartera trabajaba con un banco de Hong Kong y con muchos intermediarios y depositarios, y ofrecía a sus clientes pagarés emitidos a un interés del 5,6 %.

El responsable de ADICAE ha denunciado que Gescartera tenía 12 sucursales repartidas por España que no estaban registradas, aspecto que ha sido confirmado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV).

Fuentes del organismo supervisor han desmentido, por otra parte, que el director general de Entidades de este organismo, Juan Carlos Basallote, primo de uno de los abogados de Gescartera, Alberto Alonso Ureba, estuviera ocupando este cargo cuando autorizó la conversión de esta entidad de sociedad gestora de carteras a agencia de valores. Según este organismo la conversión fue aprobada por el Ministerio de Economía el 1 de septiembre del 2000, casi dos meses antes de que se incorporara al cargo Juan Carlos Basallote.

Reclamaciones en alza

Los ahorradores que confiaron su dinero a Gescartera han reclamado hasta el momento en la Comisión Nacional del Mercado de Valores inversiones por un importe total de 423 millones de pesetas, según fuentes del organismo supervisor.

Hoy, 157 inversores han reclamado ante el organismo rector la devolución de 1.763 millones de pesetas (10,59 millones de euros) invertidos en Gescartera, lo que se une a las peticiones tramitadas durante las últimas jornadas, según fuentes de la CNMV.

Las reclamaciones que están efectuando los inversores, un total de 588 hasta el momento, hace pensar que el agujero de 13.000 millones de pesetas detectado inicialmente podría ser mayor, y alcanzar los 15.000 millones de pesetas, si bien otras fuentes lo sitúan en unos 17.000 millones.

En la Audiencia Nacional, la juez Teresa Palacios, que instruye el caso, ha citado como imputados al cantante Jaime García-Morey y su hija Laura García-Morey, novia de Rafael Antonio Camacho, el único encarcelado en este proceso, según fuentes jurídicas.

Entre los motivos que han propiciado que se cite como imputada a Laura García-Morey, que comparecerá mañana, figura su participación en una sociedad con Camacho, el accionista principal de Gescartera, a quien se le acusa de un delito de apropiación indebida y estafa, según las mismas fuentes.

Además, la juez ha convocado también en calidad de imputado al cantante Jaime García-Morey, quien no podrá comparecer por encontrarse actualmente de gira.

A instancias del fiscal, se ha pedido que se citen como testigos a empleados de los tres departamentos en que estaba organizada Gescartera, administración, gestión y financiero.

Por orden de la juez Palacios, el viernes se registró la sede de Gescartera, así como dos viviendas de Rafael Camacho, en las que se intervino numerosa documentación que se estudiará en colaboración con peritos del Ministerio de Economía y del Banco de España.