El apoderado de Gescartera, Ruiz de la Serna, ejerció cinco años de técnico en la CNMV

La desaparición de, en un principio, 13.000 millones de pesetas de la agencia de valores Gescartera Dinero empieza a arrojar datos que indican una deficiente supervisión. José María Ruiz de la Serna trabajó como apoderado del organismo supervisor entre los años 1990 y 1995. Su misión era la de asesorar en el departamento de sujetos del mercado, que cumplía la misión de seguimiento institucional de empresas de servicios de inversión, instituciones de inversion colectiva y entidades de capital-riesgo.

Poco tiempo después dejó la CNMV para incorporarse, junto a Antonio Camacho Friaza, a Gescatera Dinero, la gestora de carteras que, este año, se transformó en agencia de valores y de la que fue apoderado hasta su intervención el pasado 15 de junio. La alianza con Camacho le granjeó recelos dentro del organismo supervisor, ya que no era una persona bien vista para encabezar cargos de responsabilidad en la agencia, dado que Bolsa Consulting, 'chiringuito' dirigido por éste, fue multado y clausurado por la CNMV en 1993, cuando Ruiz de la Serna trabajaba en el organismo supervisor.

La juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Teresa Palacios, ha exigido la comparecencia diaria de este imputado y no lo ha enviado a prisión por razones de salud. Los abogados del principal encausado en el caso Gescartera, Antonio Camacho, presentaron ayer un recurso contra el auto de prisión dictado el lunes por la juez, que el jueves dejó en libertad sin cargos a la presidenta, Pilar Giménez-Reyna, y a dos consejeros de la sociedad, aunque mantienen su condición de imputados.

El secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, hermano de la presidenta de Gescartera, manifestó ayer que confió a ésta una inversión de 1,5 millones de pesetas. También aseguró que no dimitiría y que mantenía la confianza en su hermana. Horas después de esta declaración presentaba su dimisión por pertenecer a una firma de inversión que había sido sancionada.

El presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Prados, que ha aglutinado a los pequeños inversores de Gescartera, indicó ayer que, aunque respeta la decisión judicial de dejar en libertad a los tres administradores de Gescartera, no la comparte. Esta asociación, que anunció anteayer personarse como acusación particular, ha preferido retrasar unos días la decisión hasta recabar más información.

En la CNMV ya han acreditado sus inversiones 430 clientes de Gescartera por un montante total de 5.660 millones de pesetas, solicitando que se les devuelva el dinero. Entre ellos figura la Fundación Once y la de los Huérfanos de la Guardia Civil.

El Gobierno ha reaccionado al escándalo de Gescartera anunciando que tramitará por vía de urgencia un real decreto para la creación de un Fondo de Garantía de Inversión, que palie total o parcialmente las inversiones de los ahorradores realizadas en los intermediarios financieros. Un fondo similar al que ya existe en el sistema bancario, que cubre un mínimo del capital depositado. No se ha precisado cuál será la cuantía máxima que cubra este fondo. Sus recursos deben ser aportados por los propios intermediarios, bien directamente o mediante póliza de seguros, para prever casos de desaparición del dinero.

Esta decisión se incluye en real decreto sobre Régimen Jurídico de las Empresas de Servicios de Inversión que, curiosamente, ha reducido el capital mínimo exigido para la creación de intermediarios. Las sociedades de valores deberán tener un capital mínimo de 2 millones de euros (332 millones de pesetas), mientras que en las agencias de valores, dependiendo de la actividad que realicen, el capital oscilará entre los 83 y los 50 millones de pesetas.