El Supremo obliga a cerrar una granja con miles de cerdos en el Empordà
El Tribunal Supremo ha anulado la licencia ambiental que la Generalitat concedió en 2002 a una gran granja porcina en Rabós d'Empordà (Alt Empordà) por no cumplir con las distancias mínimas legales para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. El Supremo confirma así una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y obliga a cerrar la explotación.
La granja está a menos de un kilómetro del pueblo, de otras granjas y de los ríos Orlina y Merlanc, lo que incumple la normativa. La entidad ecologista Salvem L'Empordà alegó en la tramitación que no garantizaba "que no exista riesgo de contaminación del acuífero" bajo la granja y por incumplir las preceptivas distancias.
El proyecto preveía una explotación con capacidad para 5.000 cabezas, aunque los dueños aseguraron que no habría más de 2.500. La empresa salvó sus planes alegando que la explotación era una ampliación de otra ya existente, por lo que la ley no era aplicable. El Departamento de Medio Ambiente, dirigido entonces por el convergente Ramon Espadaler, otorgó la licencia en 2004.
"La Administración tiene dos meses para cerrar las instalaciones. Si no lo hace, exigiremos la ejecución forzosa de la sentencia", afirmó el abogado de la entidad ecologista, Eduard de Ribot.
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