"No vamos a crear un paraíso fiscal"

Las Vegas era un lugar de mala muerte en el desierto de Mojave hasta que, en 1931, se legalizó allí el juego. Apenas cinco años después, Bugsy Siegel, un gánster visionario, se inventó el Flamingo, el primer hotel de lujo de la ciudad. A su alrededor floreció un paraíso hortera de casinos y ocio canalla. "La idea que tenemos los de mi edad, y tengo 60 años, de Las Vegas como un sitio horroroso, donde solo hay casinos, es lo último que queremos para Madrid. Pero Las Vegas ha cambiado absolutamente, es el centro de congresos más importante de Estados Unidos. El juego solo representa el 18% de su actividad", afirmó ayer la presidenta regional, Esperanza Aguirre.

Defendía con este argumento el proyecto de un magnate del juego de la ciudad estadounidense, Sheldon Adelson, para erigir un gigantesco complejo de ocio y apuestas en Madrid. Este proyecto, para el que existen dos posibles ubicaciones -el barrio de Valdecarros en Madrid y Alcorcón-, prevé construir 12 hoteles temáticos, nueve teatros, tres campos de golf... y seis casinos, que con 1.065 mesas y 18.000 máquinas recreativas constituirían el alma y el motor económico del complejo.

En total, de 15.000 a 18.800 millones de euros invertidos hasta 2022, y la creación de 164.000 empleos directos (y 97.000 indirectos). Es esa última promesa la que esgrime Aguirre para defender el proyecto. Ayer, el Ayuntamiento incidió también en ello: "Rechazar a priori una propuesta de la que no conocemos ni el fondo ni las formas, pero en la que subyace una posibilidad de crear empleo y reactivar la economía, me parece un poco osado", dijo la concejal de Urbanismo, Paz González.

El problema es que tanto el Gobierno municipal como el regional conocen los entresijos del proyecto desde hace meses; de hecho, se han reunido una decena de veces con el millonario. Este exige, entre otras cosas, relajar el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Extranjería y las normas antiblanqueo de capitales; que se construyan nuevas infraestructuras (metro, tren, carreteras) y se traslade el vertedero de Valdemingómez y las chabolas de la Cañada Real; que se le ceda todo el suelo público en la zona, reubicando las viviendas protegidas y expropiando el suelo privado; y dos años de exención en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y de todos los impuestos estatales, regionales y municipales.

Al menos este último punto rebasa, sin embargo, las líneas rojas del Gobierno central, sin cuya colaboración (hay que cambiar parte del esqueleto legal del Estado) el proyecto es imposible. El anterior Ejecutivo socialista también se reunió con el magnate y era favorable. El actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo ayer que las reglas de inversión en España son "claras" y resulta inadmisible crear "un paraíso fiscal". "Obviamente, todo el mundo conoce las condiciones fiscales. Nadie pretende otra cosa", añadió. Además, dijo no conocer el proyecto a fondo ("bastante tengo con lo mío"), pese a que Aguirre dijo el lunes que había mantenido contactos con el secretario de Estado de Comercio.