Patrimonio acude a valorar un edificio ya derribado

La antigua casa consistorial de Vila de Cruces fue levantada en los años cuarenta y sucumbió a la piqueta el pasado otoño. No era un edificio muy antiguo ni estaba inventariado como protegido, pero la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta consideraba que, pese a ello, parecía "tener valores arquitectónicos e históricos de interés desde el punto de vista del patrimonio cultural". Cuando el alcalde, Jesús Otero, del PP, decidió demoler el inmueble, abandonado hace años, para ampliar la plaza del pueblo y construir una rotonda, la oposición municipal y un grupo de vecinos salió en su defensa y denunció el derribo ante la Xunta. Pero el inspector de Patrimonio tardó dos meses y medio en visitar la villa. Para entonces, ya nada quedaba del edificio.

Así lo reconoce ahora la Consellería de Cultura en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por el PSdeG. En su explicación, Cultura admite que recibió "dos escritos en relación con el supuesto intento de demolición de edificios históricos protegidos por parte del Ayuntamiento de Vila de Cruces", uno el 14 de septiembre, el mismo día en que empezó el derribo, firmado por el portavoz del PSOE local, que pedía la intervención de Patrimonio, y otro el 21 de la plataforma vecinal Salvemos a nosa casa consistorial, en el que se aportaban datos para su valoración como patrimonio cultural.

La Xunta se escuda en que los escritos del PSOE y de la plataforma vecinal "no manifestaban que la supuesta realización del proyecto de derribo del edificio por el actual equipo de gobierno fuese inminente", por lo que "se respetó el orden de salida del técnico facultativo del servicio de planeamiento e inventario". Ese inspector se desplazó a Vila de Cruces el martes 29 de noviembre, dos meses y medio después del inicio del derribo, "momento en el que pudo comprobar que el edificio ya fuera efectivamente demolido", constata Cultura.

Al margen de que la prensa local se hizo eco del derribo desde el mismo día en que se inició, el portavoz socialista, Javier Castelo, asegura que, junto con el escrito formal que remitió el 12 de septiembre y que Cultura dice que recibió dos días después, también envió un correo electrónico a Patrimonio, de quien nunca obtuvo respuesta. Castelo lamenta que el alcalde decidiese iniciar el derribo "con nocturnidad y alevosía" sin pedir ningún informe a Patrimonio.

La Xunta, por su parte, argumenta que el plan urbanístico que regula el espacio en el que estaba la casa consistorial fue informado favorablemente por la propia Dirección Xeral de Patrimonio en 1998, y ese documento "permite su demolición". También indica que el inmueble no estaba inventariado como protegido. Y ello "a pesar de que por la descripción aportada junto con los escritos y los datos obrantes en los archivos de la dirección general el edificio parece tener valores arquitectónicos e históricos".

Finalmente, Cultura decidió no acelerar la visita del inspector, que llegó dos meses y medio después, cuando ya no quedaba ni una piedra que valorar. La Xunta asegura que Patrimonio "trabaja para evitar la desaparición de bienes con valores históricos", pero argumenta que lo hace en función "de los recursos materiales con los que cuenta".