La Sindicatura envía a la fiscalía las irregularidades del Memorial

La Sindicatura de Cuentas ha decidido enviar a la fiscalía su informe sobre el Memorial Democrático porque considera que hay indicios suficientes de irregularidades en el ente que "podrían comportar responsabilidades penales". La Sindicatura se centra especialmente en las actividades de la empresa Stoa y en su relación con el Memorial Democrático desde el trienio 2008-2010. La síndica Emma Balseiro, que presentó el informe ayer en el Parlament, denunció la "intervención reiterada" de Stoa en el proceso de aprobación de las subvenciones del Memorial. El organismo de control también ha detectado irregularidades en la adjudicación de subvenciones, que también beneficiaron a Stoa o a empresas vinculadas a ella.

El Memorial Democrático, con 2,1 millones de presupuesto (el 43% menos que en 2010) y una treintena de trabajadores, fue un proyecto bandera de ICV-EUiA, que impulsó su creación en 2007 y, de hecho, Joan Saura, entonces consejero de Relaciones Institucionales, se lo quedó bajo su mando.La empresa Stoa intervenía en todos los niveles del proceso de concesión de las subvenciones del Memorial Democrático, desde elaborar las bases a beneficiarse indirectamente de las adjudicaciones. En un primer momento, según el informe de la Sindicatura de Cuentas, la Generalitat contrató a Stoa en 2007 por 183.000 euros para elaborar el plan de actuación de los espacios de la memoria de Cataluña. Un año después, se le hizo un contrato menor de 12.000 euros para que se encargara de evaluar los proyectos que optaban a las subvenciones del Memorial. También recibió 361.000 euros para elaborar las bases de las subvenciones otorgadas entre 2009 y 2010.

De hecho, la influencia de Stoa era tan importante que las puntuaciones que servían para las ayudas del organismo las establecían a medias entre el personal de la empresa y el del Memorial. La síndica también deja constancia de que tres técnicos de Stoa acabaron incorporándose como trabajadores del Memorial en 2009, para encargarse de evaluar los proyectos que optaban a subvención, así como de asesorar a las entidades locales que se presentaban a estas convocatorias.

Pero el ámbito de actuación de la empresa Stoa Propuestas Culturales y Turísticas, constituida en 1998, iba más allá. También intervenía en el proceso de contratación para llevar a cabo los proyectos de Ayuntamientos y consejos comarcales que habían sido subvencionados, e incluso en varias ocasiones Stoa resultó beneficiada por estos contratos. La Sindicatura también ha encontrado irregularidades en la adjudicación de las subvenciones del Memorial y pone como ejemplo el Consejo Comarcal de la Segarra, que en 2008 y 2009 presentó varios proyectos en los que aparecían como responsables miembros de Stoa y dos técnicos del Memorial, que serían los encargados de decidir si se les concedía la subvención. En este caso, el consejo debía presentar un mínimo de tres ofertas de diferentes empresas para realizar el proyecto. Una de ellas correspondía a Stoa y las otras dos a empresas vinculadas a ella.

La Sindicatura de Cuentas no ha cuantificado el monto recibido por la empresa por esta práctica, ya que no forma parte de su informe, pero lo podría investigar la fiscalía si decide admitir a trámite el caso.

El informe despertó ayer las suspicacias de ICV-EUiA (exgestores del Memorial Democrático), que tachó de "innovador" el tono contundente a la hora de hablar de irregularidades y de responsabilidades penales. El diputado de la coalición Jordi Miralles defendió que no se han cometido ilegalidades en la relación con Stoa. Esquerra Republicana fue más allá en las críticas al informe de la Sindicatura y expresó su "preocupación" por el tono de "subjetividad" del texto. El PP, que siempre se ha mostrado reacio a la existencia del Memorial, calificó de "escandaloso" el informe y aseguró que ICV gestionó el organismo "sin rigor ni austeridad y con favoritismos". CiU avaló el análisis de la Sindicatura, y el PSC se limitó a defender el prestigio de Stoa.

Por otra parte, la Sindicatura de Cuentas presentó ayer su informe sobre la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias (Agaur). En el texto se pregunta sobre el destino de 14 millones que el Ministerio de Educación y Cultura pagó en 2007 a la Generalitat para que los transfiriera a la Agaur, pero nunca llegaron a ella.