Borrar el perfil no es suficiente

La pornografía infantil no es algo muy habitual en las redes sociales. Pero hay casos. Las páginas ofrecen herramientas para que cualquier usuario pueda alertar sobre este tipo de comportamiento. Si alguien reporta un perfil suelen borrarlo, pero no siempre lo trasladan a las autoridades.

El Defensor del Menor madrileño, Arturo Canalda, argumenta que "no basta tan solo con notificar a las redes sociales, también la sociedad civil se tiene que implicar y denunciar mediante las webs habilitadas por la Guardia Civil y la policía y así proseguir con el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad". Desde la oficina del Defensor del Menor, Canalda asegura que en los últimos cinco años se han tramitado más de 500 expedientes sobre usos incorrectos de las tecnologías, de los que unos 129 correspondían a pornografía infantil, pedofilia o pederastia.

La red social Tuenti posee domiciliación española y "es una red muy concienciada con estos temas", reitera Canalda. "Tiene una gran implicación y trabaja muy bien con las autoridades. Tanto en la localización de personas que están contactando con menores como en la eliminación de páginas y la detención de las IP de los delincuentes", añade.

"Nosotros, como empresa española, estamos sometidos a la legislación nacional tanto en materia de protección de datos como de derecho a la intimidad, a la imagen y al honor, y nos atenemos en todo momento al Código Penal y a todas las leyes civiles", asegura Óscar Casado Oliva, director jurídico y de privacidad de la red social.

¿Qué ley se le aplica, por ejemplo, a Facebook? "Aquí es donde la Red quiebra el principio de territorialidad, lo que supone para el usuario una desprotección y una inseguridad jurídica. Según sus condiciones generales, sigue las leyes de California y son los tribunales de Santa Clara los competentes, por lo que cuando sucede algo, el usuario se encuentra frente a una ley que no conoce y a unos tribunales a los que no va a acudir a pleitear", explica Casado. "Facebook es una red social internacional y nadie nos asegura su buen hacer en España", puntualiza Canalda. Está obligada por las leyes federales americanas a comunicar los casos, al igual que Twitter, a una organización norteamericana que lucha contra la pornografía infantil, pero no tiene por qué reportar a las autoridades españolas.