Debates sin resultado

El Congreso convalidó ayer el Real Decreto Ley de medidas presupuestarias y fiscales para la corrección del déficit público aprobado el 30 de diciembre por el Gobierno. Ese trámite sirvió para repetir en sede parlamentaria el debate, incesante desde entonces, sobre si la responsabilidad última de la dureza de esas medidas corresponde al Gobierno actual o al anterior; pero, como cabía temer, apenas sirvió para debatir sobre las medidas mismas.

No es que lo primero carezca de interés. Importa, políticamente, saber si Rajoy y su equipo fingieron ignorar el estado real de las cuentas públicas para contar con un pretexto que hiciera más digerible para sus votantes medidas que se había comprometido a no tomar pero que resultababan inevitables en todo caso.

Hay huellas en las hemerotecas para pensar que lo sabían; el exministro de la Presidencia Ramón Jáuregui explicó ayer que, en el traspaso de poderes, garantizaron al PP que la Administración central cerraría el año sin apenas desviación respecto al déficit previsto, pero que se negaron a arriesgar una estimación respecto a las comunidades autónomas. La entonces vicepresidenta, Elena Salgado, dijo algo parecido a finales de noviembre. Y los datos adelantados indican que 15.000 de los 20.000 millones de desviación provienen de las autonomías, gobernadas en su mayoría por el PP.

Cabe preguntarse si las medidas hubieran sido las mismas incluso si se hubiera cumplido el objetivo del 6%. Pues en los últimos tiempos, la prioridad absoluta dada por Rajoy (y por Zapatero) al déficit se había visto matizada por la necesidad de mantener estímulos públicos al crecimiento que evitasen un círculo vicioso a la griega: sin crecimiento, cada vez habrá más gasto social y menos ingresos, lo que agrava el déficit y encarece la deuda.

Y eso conduce a plantear un equilibrio diferente entre recorte del gasto y aumento de los ingresos, dado que, como advierten los expertos, el aumento de impuestos es menos contractivo de la demanda que los recortes de gasto público: todo lo recaudado se gastará en consumo, mientras que una parte del dinero en manos privadas se destinará al consumo pero otra parte al ahorro. Cosa diferente es si fue acertado subir concretamente el IRPF. A favor está su mayor progresividad, y en contra que se vuelve a penalizar a los que más pagan, que en España no coinciden con los que más tienen. En todo caso, el debate sobre qué impuesto es más conveniente (o menos dañino) subir se disolverá en cuanto se vea que el Gobierno también sube el IVA.

De la votación de ayer lo más llamativo fue el apoyo de CiU a la convalidación de las medidas pese a su desacuerdo con varias de ellas y a su reciente voto en contra de la investidura de Rajoy. Lo cual no deja de ser expresión de la doble presión que afecta al nacionalismo gobernante catalán: la de su flanco soberanista, que le aproxima al frente de rechazo, y la del ala pragmática, que le lleva a pactar con el PP en diversas instituciones catalanas.