El brutal desalojo de los indignados lleva a sus responsables ante el juez

Felip Puig ya sabe lo que pasa cuando "se tensa le ley hasta allí donde esté permitido y un poco más". Ocurre que, cuando se pasa uno de la raya, puede topar con la justicia. A Puig, que es aforado, no le ha ocurrido nada. De momento. Pero sí a la cúpula de los Mossos d'Esquadra, que deberá responder ante el juez por la brutal carga policial del 27 de mayo de 2011 para desalojar a los indignados que estaban acampados en la plaza de Catalunya.

La actuación policial -que dio la vuelta al mundo y provocó un alud de críticas contra Puig- se saldó con más de 120 heridos y revitalizó las protestas del 15-M en Barcelona. Pasados más de siete meses, el consejero de la mano dura no ha hecho un ápice de autocrítica sobre aquellos hechos (al menos, públicamente) y, pese a que asumió la responsabilidad de lo ocurrido, ahora ve cómo algunos de sus hombres de confianza deben pasar por el juzgado.

Entre ellos está el director general de la policía autonómica, Manel Prat, que se convierte así en el primer responsable político de un cuerpo policial en Cataluña imputado por una intervención policial. Sin el desparpajo de su jefe, Prat defendió también que "seguramente" volvería a tomar las mismas decisiones que adoptó en mayo. El director de los Mossos declarará el próximo 25 de enero, seis días después de que lo haga, también como imputada, la exconcejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona, Assumpta Escarp (PSC). El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, Josep Maria Miquel Porras, ha imputado también a dos de los mandos policiales que aquel viernes de primavera estuvieron sobre el terreno: el jefe de dispositivos, Antoni Antolín, y el de los antidisturbios, David Bordas. Declararán el 26 y el 31 de enero, respectivamente.

Los acampados durante las protestas del Movimiento 15-M fueron desalojados de la plaza de Catalunya con el argumento de que había que "limpiarla" para retirar objetos contundentes, que podían suponer una amenaza por la inminente celebración de la Champions en ese mismo lugar. Los indignados se negaron a abandonar la plaza y los antidisturbios cargaron; en algunos casos, golpearon con las porras a personas que estaban sentadas en el suelo.

Puig dijo después que lo que se había producido allí era un "ataque muy importante contra la policía", que se limitó a "cumplir instrucciones para garantizar la seguridad ciudadana". El consejero se ha ido quedando solo en su análisis acrítico, que suena cada vez más extraño y que no comparten ni los indignados, ni la fiscalía ni, por el rumbo de la investigación, el propio juez.

Un informe de la Fiscalía Superior de Cataluña calificó la carga de "desmesurada" y "desproporcionada". El desalojo motivó decenas de denuncias contra los policías, que en su mayoría fueron archivadas. También contra el consejero Puig, que por su condición de aforado deben remitirse a otras instancias judiciales. Una de las querellas, respaldada por 50 afectados, es la que está teniendo mayor recorrido y ha desembocado en las imputaciones de mandos políticos y policiales. Según el relato de esos indignados, los policías los sometieron a un trato "intimidatorio, amenazante y vejatorio".

La querella, que fue admitida por el juez Porras hace poco más de un mes, recoge también que tras la carga agentes de la policía local retiraron los objetos de los indignados sin ningún cuidado y los trasladaron a un descampado de Barcelona. Allí sufrieron "daños irreparables". El juez ha decidido la imputación de los responsables del operativo tras tomar declaración a los 50 afectados y visionar un elevado número de vídeos e imágenes que fueron captadas aquel día por los indignados. Porras pretende evaluar si la policía autonómica vulneró el derecho de reunión de los acampados.