Autónomos que enseñan oficios en FP cobran hasta 6.000 euros al mes

Un fontanero -elegido a dedo- por el director -elegido a dedo- de un centro integrado de Formación Profesional (FP) de Galicia cobra 49,50 euros por cada hora de clase práctica que impate a lo largo de un curso de 730 horas de duración. La Xunta, a través de la Consellería de Traballo, paga salarios similares al de este fontanero a otro personal "experto" que foma a los alumnos con vistas a su inserción laboral en diversos oficios. Sueldos que superan los 6.600 euros mensuales que cobran algunos de los autónomos contratados como docentes.

Los profesionales (fontaneros, torneros, carpinteros, electricistas, calefactores) que se convierten en profesores de FP de estos centros integrados para la inserción laboral de los alumnos, cobran sueldos muy superiores a los docentes de carrera a quienes ahora comienzan a desplazar: empezaron a ganar sentencias que los convierten en personal laboral indefinido discontinuo. Los "expertos" perciben sus salarios por sus clases al mismo tiempo que mantienen la actividad de sus negocios particulares, en su mayoría como autónomos. El material que utilizan para las clases corre a cuenta del centro público.

La situación pervive desde 2004 cuando el entonces presidente Manuel Fraga firmó la orden por la que se cerraba a los docentes de carrera la posibilidad de impartir estos cursos. Pero, además, la estructura de los centros integrados de FP dependientes de la Consellería de Traballo los aboca a funcionar en la práctica "como empresas privadas". Los funcionarios de carrera ven cómo los expertos de oficios ganan terreno (un docente en el mismo centro con 24 años de servicio no llega a los 2.000 euros mensuales) y los van desplazando en la representación de los institutos. En el Santa María de Europa, de Ourense, el más grande de los centros ocupacionales de Galicia, la proporción llegó a ser de 22 "expertos" frente a tres funcionarios. En este momento -tras acumularse bajas que no se amortizaron- quedan ocho "expertos" frente a tres funcionarios de carrera.

Los centros integrados de FP no tienen consejo escolar. En su lugar, un consejo social -integrado por el director "designado a dedo por la Xunta", sindicatos y patronal- elige a los especialistas contratados. Los sindicatos aseguran que denunciaron "en su momento" esta "alarmante ausencia democrática", pero sostienen que no tienen conocimiento de los sueldos de los contratados "porque se nos oculta esa información", sostiene José Fuentes, representante de Educación de CC OO en Galicia.

Anxo Louzao, de la CIG, alude también la reivindicación que hicieron "en su día" por el "sistema de acceso de este personal a la función pública". Lozao, como Fuentes, critica el funcionamiento "empresarial" de estos centros "pseudoprivatizados ya, en donde el director tiene potestad casi absoluta para tomar decisiones".

Sin embargo, los sindicatos no están libres de mácula. Los funcionarios -ninguno de los consultados autoriza a publicar su nombre por temor a represalias- recuerdan que los representantes sindicales forman parte, junto con los de la patronal, del consejo social que elige a dedo a los "especialistas" y remiten a las últimas elecciones sindicales en las que estas organizaciones hicieron campaña a favor de la inclusión de los autónomos en los consejos sociales. En Ourense, la CIG alertó de que 26 expertos docentes se encontraban sin trabajo por la reducción de los 41 cursos programados a los tres que se imparten en la actualidad a cargo de funcionarios docentes.

La formación laboral está, en realidad, cuestionada en Galicia desde que en 2001 estalló en los medios que la patronal gallega se valía de facturas falsas para justificar gastos con cargo a fondos europeos y regionales para estos fines. En la contabilidad de la Confederación de Empresarios de Galicia constaban facturas millonarias por servicios que nunca se habían prestado.

En la era de la crisis, Feijóo llegó a anunciar, el pasado abril, la modificación del sistema de estos cursos de formación tras detectar las "elevadas remuneraciones" de los docentes.