Dignificar la política

Los socialistas vascos asumimos esta legislatura con tres grandes retos: ganar la paz y la convivencia, donde es constatable el terreno avanzado; afianzar el Estado de bienestar y lanzar a Euskadi hacia una economía moderna y competitiva, y se han asentado definitivamente las bases de ese país solidario, sostenible y competitivo; y hacer de la transparencia y regeneración democrática una bandera coherente con nuestra determinación política y con la demanda de los ciudadanos.

Sobre este último asunto, el de la regeneración democrática, ya está en marcha una reflexión parlamentaria sobre nuestro entramado institucional. Y respecto a la transparencia, habrá que recordar primero las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Patxi López. Además de poner a disposición de los tribunales toda la información relativa a irregularidades cometidas en el seno de la Administración vasca y en las que haya indicios de delito ha promovido: Irekia; Open Data; perfil del contratante; perfil de empresas adjudicatarias con la Administración pública vasca; código de ética y buen gobierno para el conjunto de sus altos cargos; propuesta concreta de la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, o la elaboración de un proyecto de ley de incompatibilidades, en fase de redacción.

La apuesta es eliminar espacios oscuros y privilegios de políticos

El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak ha tomado el testigo de esta apuesta en la Cámara vasca, la de eliminar espacios oscuros y privilegios de políticos. Es cuando los socialistas lideramos el Gobierno vasco cuando se eliminan los complementos de pensiones para exconsejeros y exviceconsejeros. Los socialistas no sólo no hemos puesto ninguna pega, sino que hemos impulsado decididamente esta medida, porque pensábamos y pensamos que era un complemento que se previó para solucionar una serie de situaciones de justicia de los primeros tiempos de la democracia, y que ya no tiene sentido, por lo que se habían convertido en privilegios con respecto a las exigencias que se hacen al resto de los ciudadanos para el cobro de pensiones.

Y, por la misma razón por la que defendemos esa desaparición, hemos abogado por resolver situaciones que también son injustas para otros políticos, los parlamentarios, que ni siquiera teníamos derecho al desempleo, aunque se cotizara por ello. Y, a la vez, hemos impulsado la actividad en la Cámara durante periodos inhábiles, como este mes de enero, porque ligamos expresamente la cuestión de las remuneraciones, la de los derechos, con la de la responsabilidad de sacar los trabajos adelante.

Pero nuestro compromiso político no queda ahí. Por eso ahora hemos dado un paso más y ponemos a disposición de los ciudadanos a los que representamos, los que nos eligen y nos pagan nuestros sueldos, nuestras declaraciones de bienes, si es que tienen dudas. Nosotros no queremos que las tengan.

Es una iniciativa de convicción y coherencia, y también, como señalaba antes, para atender una demanda ciudadana, una demanda surgida a partir de casos de corrupción, favoritismos o clientelismos que se han dado en la política. En la política en España y, de forma también muy concreta, en Euskadi.

Sólo en esta legislatura ha sido necesario crear dos comisiones de investigación para analizar esas corruptelas o favoritismos de mandatos anteriores. Una de ellas, la de Margüello, ya concluyó que se habían dado irregularidades en las contrataciones de Osakidetza cuando lo dirigía el PNV. Y la comisión De Miguel tiene pendiente en las próximas semanas aprobar el informe final, para el cual, según adelantó el presidente de la misma, existen indicios que apuntan en el mismo sentido.

Sabemos que en la política, como en cualquier otro ámbito de la vida, puede haber elementos que intenten aprovecharse de otros. Lo grave en la política es que eso se haga con fondos públicos o, lo que es lo mismo, con el dinero de los ciudadanos. Pero que eso ocurra en determinados casos no puede ser, bajo ningún concepto, la excusa que utilicen quienes buscan desacreditar el sistema democrático. Por eso consideramos que hay que eliminar cualquier sombra de sospecha.

Los socialistas vascos propusimos que, cuando se siembran esas dudas entre los ciudadanos, y cuando además estos están sufriendo en su bolsillo el castigo de la crisis, en coherencia con nuestra apuesta por la transparencia, se regulara legalmente la obligación de hacer pública la declaración de bienes por parte de los parlamentarios.

Así lo han hecho, por ejemplo, el Congreso y el Senado. Ha sido aceptado políticamente y bien recibido por quienes precisamente eligen a sus representantes. Si para ser diputado o senador es necesaria esa declaración pública, ¿por qué no si se es parlamentario vasco? Pero el resto de los grupos de esta Cámara no respaldaron nuestra propuesta. Por ello, los socialistas vascos, siguiendo esa línea de coherencia, decidimos hacerlo de manera voluntaria, sin cambiar ninguna ley.

Para tomar esta decisión, hubo una reflexión previa. Tuvimos en cuenta que esa declaración de bienes pudiera ser reclamada por algunos como una manera de satisfacer sus necesidades de chismorreo. Pero ése no es nuestro problema. El problema en el que estamos volcados los socialistas vascos es el de abrir espacios de confianza, o despejar espacios de sospecha si se prefiere, para hacer política pura.

Queremos que los ciudadanos confíen en nosotros, que tengan claro que no tenemos nada que esconder, que no venimos a las instituciones a enriquecernos, que estamos en política porque tenemos una idea de país, que creemos que es la mejor y queremos sacarla adelante.

En cualquier caso, insisto, es un ejercicio honesto, voluntario, de transparencia, que ya se hacen en otras instancias y no vemos por qué no se hace aquí, y que quisiéramos fuera acompañado por el resto de formaciones para determinar que esta declaración se haga al principio y al final de cada legislatura, de forma que en ese tránsito se vea con claridad la dignidad de la función política.

José Antonio Pastor es portavoz del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos.