El 'caso Manning'

El caso Manning es de los que pueden hacer historia jurídica. El soldado norteamericano Bradley Manning será probablemente juzgado en consejo de guerra, acusado de haber dado a la publicidad a través de Wikileaks cientos de miles de documentos -difundidos por este periódico, entre otros- que ponían en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Esas acusaciones podrían castigarse con la pena de muerte, aunque se cree que el fiscal solo pedirá cadena perpetua.

La defensa tendría sentido únicamente ignorando la estrategia hasta ahora desarrollada. El defensor ha admitido la culpabilidad, pero aduciendo inestabilidad emocional del acusado, debido a su condición homosexual, que no podía salir del armario porque cuando fue detenido en mayo de 2010 aún regía una ley, hoy derogada, por la que los homosexuales podían ser expulsados del Ejército. El problema de fondo es, sin embargo, otro: libertad de expresión, transparencia y legalidad en las acciones de Gobierno, y el derecho de cualquier ciudadano, uniformado o no, a dar a la publicidad las acciones ilegales o de dudosa moralidad efectuadas por el Gobierno de su país. Hay sin duda situaciones en las que el Estado debe obrar con discreción y sigilo. Pero, precisamente por ello, se debe determinar cuándo el acusado haya obrado en perjuicio de terceros o cuando solo quería llamar la atención sobre el proceder de sus gobernantes.

El soldado-hacker abandonó por fin el viernes pasado la prisión, tras casi 600 días de reclusión, para asistir a una vista preliminar en la que se decidirá si ha lugar o no a consejo de guerra. La decisión se conocerá a mediados de enero. Pero, en cualquier caso, pedir cadena perpetua para quien no ha matado a nadie, suena escasamente generoso. Se acusa a Manning de infringir el código militar, lo que puede comportar una sanción grave dentro de la propia institución, pero mandarlo de por vida a la cárcel, eso sí que sería un delito.