El alcalde de Arroyomolinos, ante el juez por el despilfarro de 43 millones
Juan Velarde, del PP, asegura que no estaba al tanto de las facturas que pagaba
El alcalde de Arroyomolinos, Juan Velarde (PP), no tiene conocimiento de todo lo que pasa en su Ayuntamiento, según ha declarado ante el juez. No contrata nada y lo único que hace es pagar las facturas que llegan a la intervención, que se abonan porque los concejales son quienes las firman. Lo que sí admite es que él es quien firma las transferencias desde Tesorería, según consta en su declaración como imputado celebrada el 14 de diciembre en el Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero.
El alcalde de este municipio del sur, de 13.835 habitantes, asegura no saber nada del presunto despilfarro de unos 43,5 millones de euros en obras, asunto por el que está imputado junto a otros cuatro ediles del equipo de gobierno popular. Asegura que no hay nada cierto en la acusación, y que en Arroyomolinos no rige el artículo "del dedo". Todo es un invento de la oposición, que le ha perjudicado mucho, ya que algunos vecinos se refieren a su mujer con menosprecio: "Ahí va la mujer del de los 40 millones". Pero el titular del juzgado que investiga el caso ha visto indicios de malversación de fondos y ha decidido proseguir con la causa.
El regidor denuncia que los vecinos increpan a su mujer por la calle
Los concejales de su propio partido contradicen ante el juez su testimonio
Los siete folios en los que se plasma la declaración de Juan Velarde son reveladores de la estrategia del regidor: no sabía nada de nada. El grado de desconocimiento de los contratos locales que recoge el testimonio judicial es tal que, al ser preguntado por el juez sobre si conocía a los responsables de las empresas que habían recibido contratos municipales, las respuestas de Juan Velarde van casi todas en la misma dirección: no los conocía o no los recordaba. Y así hasta más de una cuarentena de empresarios. Todos con contratos municipales.
Pero la declaración del alcalde contiene un punto débil, pues llega a sostener que los concejales de su partido son los responsables de las contrataciones presuntamente irregulares. Ellos aseguran exactamente lo contrario: que el responsable de los contratos era el regidor.
La investigación contra el equipo de gobierno popular de Arroyomolinos se inició tras la denuncia de los ediles socialistas, que sostienen que el PP instauró en el Consistorio un sistema por el que de forma sistemática se fraccionaban las contrataciones municipales, de forma que ninguna adjudicación municipal tuviera que ser por concurso. Igual que en los municipios controlados por la red Gürtel, en la que ninguna adjudicación municipal superaba los 12.000 euros.
El PP de Arroyomolinos lograba así, según la denuncia de los socialistas, contratar los suministros y servicios con las personas y empresas que designaban el alcalde y los concejales, sin la existencia de un expediente de contratación que garantizara la transparencia y la limpieza del proceso. El PP lo niega todo e insiste en que todo se hizo de forma legal. "Nunca ha habido trato de favor a ninguna empresa", sostiene Juan Velarde, quien explica que en los casos en que pagó facturas en contra de la opinión de la intervención municipal se hizo en interés de los ciudadanos de Arroyomolinos. Preguntado por una factura de 153.000 euros a la empresa Aguado, Velarde dijo: "Cuando se trataba del robo de cable, había que pagarlo en beneficio del pueblo. Si no, sería un pueblo inseguro y sin luz. En este caso es más importante para el pueblo dar el servicio de luz que realizar el contrato y tener al pueblo sin luz". Y en relación con una obra adjudicada a una empresa propiedad de un hermano de una edil del PP, el regidor sostiene: "Trabajó en 2002 y su hermana fue concejal en 2003. En todo caso no existe inconveniente para trabajar con él por el hecho de que su hermana fuera concejal".
Pero la denuncia va más allá del mero fraccionamiento, ya que acusa a los ediles del PP de mantener un trato de favor hacia empresas vinculadas a los concejales del PP. En la mayoría de los casos, la interventora del Ayuntamiento emitió informes de intervención desfavorables que tanto el alcalde como los concejales del PP descartaban. Fuentes socialistas aseguran que, de las 62 carpetas analizadas, "solo cuatro contaban con un expediente de contratación". Los propios responsables técnicos municipales confirmaron en el juzgado que en algunos casos se produjeron "pagos por encima de lo que había contratado".
