La Xunta se escudó en las pérdidas de los promotores para legalizar Barreiros

La Xunta decidió declarar la incidencia supramunicipal del plan sectorial de Barreiros -que pretende legalizar el caos inmobiliario de este municipio lucense y pagar la urbanización de calles y las infraestructuras básicas con 13 millones de euros de fondos públicos- por el perjuicio que el bipartito causó a las promotoras cuando impugnó en los tribunales las licencias concedidas por el alcalde popular Alfonso Fuente Parga para levantar 3.100 pisos en un pueblo de 3.300 vecinos. Así lo plasmó, tal cual, en un informe interno al que ha tenido acceso este diario la secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Encarnación Rivas, exresponsable del urbanismo de Sanxenxo, el 20 de septiembre de 2010.

La mayoría de las sentencias han dado la razón al gobierno bipartito

Los empresarios deberán aportar dinero. Pero varios han quebrado

Lo que sigue es el razonamiento textual que esgrime la Consellería de Medio Ambiente para declarar que la legalización de las construcciones y la dotación de servicios a esas urbanizaciones de Barreiros es una actuación que excede el interés de la propia localidad: "La incidencia de la suspensión de las normas subsidiarias [por el Gobierno que presidía Emilio Pérez Touriño] y las impugnaciones de las licencias de construcción concedidas a partir de 2006 ha ocasionado un profundo impacto económico en todo el sector de la promoción, construcción, y empresas auxiliares, no solo en Barreiros, o la comarca de A Mariña, sino que alcanza a toda la provincia de Lugo y que, por supuesto, se ve agravado por la coyuntura económica".

Tras hacer ese diagnóstico, Medio Ambiente subraya: "Lo que avala sin duda el interés supramunicipal de las infraestructuras que a través del presente plan sectorial, y de los correspondientes proyectos sectoriales que lo desarrollen, se canalizarán".

Traducido al lenguaje llano: la prohibición de construir en Barreiros y la impugnación de licencias en los tribunales por el bipartito han perjudicado a promotoras de toda la provincia de Lugo, por lo que la Xunta estima que las infraestructuras necesarias (para dotar esos suelos de los servicios que no tenían) avalan sin dudas el interés supramunicipal. Se da la circunstancia de que la gran mayoría de sentencias que han dictado los tribunales sobre el urbanismo de Barreiros han venido a dar la razón a la Administración de Touriño y han ilegalizado esos permisos, hasta el punto de que el Gobierno de Feijóo optó por retirar los últimos contenciosos contra el Ayuntamiento de su propio partido.

El decreto autonómico 80/2000 que regula los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal limita los criterios para declarar este tipo de actuaciones y cita los siguientes: los efectos positivos para el paisaje, el medio ambiente; la contribución al desarrollo social y económico de Galicia; la población beneficiaria de la infraestructura; la función vertebradora y estructurante del territorio que lleve consigo la actuación; el asentamiento de la infraestructura, dotación o instalación sobre varios términos municipales o cualquier otro criterio que contribuya directamente a los objetivos fundamentales enunciados en la Lei de Ordenación do Territorio de Galicia.

El estudio de la Secretaría Xeral de Urbanismo fue el germen del convenio que han firmado la Consellería de Medio Ambiente que preside Agustín Hernández con la Diputación de Lugo, en manos del socialista José Ramón Gómez Besteiro, y el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, a quien el fiscal denunció por prevaricación precisamente por la concesión de los permisos para edificar 3.100 viviendas. De momento la actuación de las tres instituciones está en vía muerta.

Aunque el texto del acuerdo a tres bandas solo prevé partidas de fondos públicos y no alude a ninguna obligación de las empresas privadas para solventar el caos urbanístico que impera en este municipio de A Mariña lucense, Hernández repite que los promotores deberán aportar varios millones de euros al Ayuntamiento para financiar algunas infraestructuras. Pero varias de las constructoras que dibujaron los planos de aquellas viviendas con vistas al Cantábrico han desaparecido víctimas del crac del ladrillo. Y muchas otras valoran si demandan al Ayuntamiento que fue al cabo quien les concedió los permisos.