Ence desafía a la Xunta y anuncia que no abandonará la ría de Pontevedra

Desde que el PP cambió formalmente de postura y empezó a apostar en las declaraciones de sus responsables por el traslado de la fábrica de celulosas de Ence de su ubicación junto a la ría de Pontevedra, los dirigentes de la compañía habían evitado cuando se les preguntaba referirse a la cuestión. "No estamos estudiando nada. Estamos muy bien donde estamos", fue la frase más específica que se le escapó al consejero delegado, Ignacio Colmenares, el pasado mayo. El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, reiteró el viernes con insistencia, tras anunciar que renovaría el permiso ambiental a la planta durante cuatro años, que más allá de 2018 -fecha límite que fija la Ley de Costas- "no es negociable" que siga donde está. La empresa no lo cree así, y se destapó ayer con el anuncio de que si no continúa en Lourizán, echará el cierre sin contemplar el traslado, que juzga "inviable".

La Xunta resta validez al informe que exhibe la empresa para quedarse

La Asociación de Defensa da Ría cree que aprovecha la crisis para presionar

"Ence-Energía y Celulosa espera tener el máximo apoyo político para solucionar su permanencia en Lourizán" arranca la compañía en un comunicado en el que asegura que el traslado "carecería de lógica empresarial". "Supondría el cierre de la fábrica y la construcción de una nueva. Esa operación necesitaría de una inversión de 700 millones de euros, una cifra inasumible para una empresa como Ence y muy superior a los beneficios que una fábrica como esta puede conseguir", dice y estima esos beneficios en 20 millones "en un año récord". El comunicado continúa con una defensa de la importancia económica de la empresa, cifra en 5.150 los empleos que genera, entre directos e indirectos, y asegura además que, según el estudio de la consultora finlandesa Pöyry, "no existe en Galicia otra ubicación con disponibilidad suficiente de energía y agua". Después apela a la comprensión de las administraciones ante el "esfuerzo medioambiental" realizado y cita expresamente el caso de la refinería de Petronor en Muskiz (Vizcaya) "que consiguió garantizar su permanencia gracias a la implicación de las administraciones pese a estar también afectada por la Ley de Costas". Desliza además que "los gobiernos cántabro y asturiano están realizando enormes esfuerzos por garantizar la permanencia de otras grandes industrias".

Ence no fue siempre contraria al traslado. Su presidente, Juan Luis Arregui, se había mostrado favorable en 2008 a un proyecto industrial en el marco del concurso eólico del bipartito que contemplaba el cambio de ubicación. Aquel proyecto, que preveía una inversión de 400 millones, naufragó porque la Xunta estimó excesivas las pretensiones de la pastera.

Desde la Xunta, insisten en que la postura reafirmada el viernes por Hernández permanece inamovible. "No buscamos ningún enfrentamiento, tendemos la mano a colaborar con ellos, pero para permanecer en la ría, no", recalca un portavoz de Medio Ambiente, y resta validez al informe que esgrime Ence para rechazar el traslado a otro lugar de Galicia. "El informe al que hacen referencia está hecho a instancias de Ence y pagado por Ence", critica la Xunta.

El caso de la refinería Petronor al que alude Ence es similar al de la pastera, pero no idéntico. Instalada también en dominio público, PNV y PSOE pactaron a principios de año incluir una modificación de la Ley de Hidrocarburos en el cajón de sastre de la Ley de Economía Sostenible, que supuso la prórroga de una concesión que terminaba en 2012. El acuerdo fue rechazado por grupos ecologistas, que criticaron las supuestas connivencias entre la empresa, presidida por el exlíder del PNV Josu Jon Imaz, y el Gobierno socialista vasco. En la Xunta aseguran que no están por la labor de aceptar soluciones similares y avisan: "Pueden tener una concesión pero perder la autorización ambiental integrada. Vamos a hacer valer nuestras competencias en esta materia. La postura de este Gobierno es la anunciada, y si la Xunta sigue llevando las riendas va a hacer lo que ha dicho que va a hacer". A los ejemplos citados por Ence se suma el de la proposición de ley patrocinada por el PP, aprobada en febrero en el Senado y pendiente de trámite en el Congreso, que apuesta por facilitar la prórroga de concesiones en dominio público.

El Ayuntamiento de Pontevedra, a través del concejal César Mosquera (BNG), expresó su deseo de que el cambio de actitud de Ence sirva "para abrir los ojos a la Xunta". "Todo el mundo, menos ellos, sabía que no se iban a ir voluntariamente", señaló el edil nacionalista. La Asociación pola Defensa da Ría acusó a la empresa de aprovechar la crisis para echar un pulso a la Administración.