Las protestas se agudizan en las cárceles

Unos 300 funcionarios de prisiones bloquearon ayer a primera hora de la mañana los accesos de la prisión de Ponent, en Lleida, para protestar contra los recortes salariales que plantea la Generalitat. La acción impidió, como ya ocurrió el pasado viernes en la barcelonesa cárcel de la Modelo, el relevo entre los empleados del turno de noche y los de la mañana, mucho más numerosos, que debían empezar su jornada a las 7.30. Tras toda la mañana de contactos sin resultado, la dirección de la prisión forzó poco antes de la una de la tarde el fin de la protesta con una medida drástica: ordenó abrir las puertas de las celdas y dejar que los presos salieran al patio. Los funcionarios desbloquearon de inmediato los accesos por el riesgo que suponía la situación para sus compañeros en el interior. En esos momentos había 15 trabajadores del turno de noche y otros cinco que habían eludido el bloqueo para controlar a 953 presos. Los sindicatos que apoyaron la acción (UGT, CC OO y CSIF) acusaron a la dirección del centro penitenciario de "irresponsabilidad".

El Departamento de Justicia, por su parte, defendió la decisión y alertó de que este tipo de protestas ponen en grave peligro la seguridad en las cárceles. El director general de Servicios Penitenciarios, Ramon Parés, declaró que "es inadmisible poner al límite la seguridad en las prisiones para obtener ventajas laborales".

La escalada de movilizaciones empezó hace dos semanas en Quatre Camins, siguió el viernes en la Modelo y ayer llegó a Ponent. Justicia anunció expedientes contra los instigadores del bloqueo del viernes en la Modelo y criticó que en las movilizaciones participen un grupo de menos de 300 personas de un colectivo de 5.000.

Parés aseguró que también se investigará la concentración de ayer en Ponent por si procede imponer algún tipo de sanción a sus promotores. En este sentido, añadió que Justicia tiene muy claro que a estos se les debe sancionar porque de no hacerlo no lo entenderían ni los jueces ni los fiscales.

La protesta frente la puerta principal de Ponent fue desconvocada a la una de la tarde sin que tuvieran que intervenir los Mossos d'Esquadra. La desconvocatoria se produjo tras conocer que el director de la prisión había ordenado abrir las puertas de las celdas y permitido que los internos hicieran vida normal. En ese momento se permitió la entrada de los funcionarios que debían haber empezado a trabajar a las 7.30 horas y la salida de los del turno anterior tras 24 horas de servicio. Los sindicatos acusaron a la dirección de Ponent de "irresponsable" porque pudo causar un problema de seguridad, ya que en ese momento no había suficientes trabajadores para controlar a toda la población reclusa.

Justicia confirmó que la decisión tomada por el director del penal leridano estaba avalada por Parés. Este consideró que era más prudente y seguro permitir la salida de los presos, vigilados por una veintena de funcionarios, que mantenerlos confinados en las celdas, donde llevaban desde las nueve de la noche del martes. Mantenerlos encerrados sin motivo supone una infracción del reglamento penitenciario.

Parés explicó que para controlar la situación se desplazaron a Ponent directivos de otros centros penitenciarios y responsables de Justicia, entre ellos en subdirector general y el jefe de inspección del Área de Prisiones. Los cargos directivos suplieron en sus tareas a los funcionarios que no habían podido entrar por la mañana y consiguieron normalizar la situación junto a 20 trabajadores, los 15 del turno de noche y 5 que lograron eludir el bloqueo de sus compañeros.

Ponent alberga en estos momentos a un total de 953 presos. Justicia informó de que, a pesar de la situación originada por la falta de funcionarios, la vida en el interior del centro transcurrió con normalidad para 357 internos, en concreto para los ingresados en el módulo de mujeres, en la enfermería y en departamento de atención especializada.

En Barcelona, decenas de funcionarios cortaron el tráfico a las 8.30 horas en la confluencia de la calle de Aragó con la de Girona, ante la Dirección General de Servicios Penitenciarios. La marcha siguió hacia el edificio del Departamento de Justicia, en la calle de Pau Claris, lo que causó complicaciones en el tráfico.