La Rioja acepta ya por escrito atender a los pacientes alaveses

El gobierno de La Rioja envió anoche por escrito su propuesta a la consejería vasca de Sanidad en la que ha aceptado volver a prestar atención médica a los pacientes alaveses, según han informado a Efe fuentes del departamento que dirige Rafael Bengoa. El Gobierno vasco analizará ahora con detenimiento la iniciativa y tratará de cerrar un acuerdo con el Ejecutivo riojano. Estas fuentes no han confirmado si se celebrará finalmente la reunión entre el consejero riojano de Sanidad, José Ignacio Nieto, y Bengoa, prevista para hoy en Logroño, que queda condicinada a la consecución de un acuerdo. "Sólo habrá reunión si hay acuerdo", aseguran desde el lado vasco

Mientras, las relaciones de La Rioja para las prestaciones de servicios sanitarios con sus comunidades limítrofes se complican. Junto a la polémica con el País Vasco, ahora se añaden las complicaciones para la renovación del convenio con Navarra, según el propio gobierno foral que discrepa de su contenido y que complica su renovación.

El Gobierno navarro reconoce que continúan las negociaciones con La Rioja a pesar de que ambas partes dijeron que solo faltaba la firma. Como ocurre en Euskadi, las diferencias sanitarias han propiciado los posicionamientos políticos. Así, el Comité regional del PSOE de La Rioja insta al Gobierno de Pedro Sanz a que abandone «de forma inmediata» la decisión de no atender a pacientes del País Vasco.

Sanz sigue rotundo

De cara a la reunión prevista para hoy entre riojanos y vascos, todo hace indicar que la posibilidad de propiciar un acuerdo se aleja. El propio presidente riojano recordó el sábado sus tesis sobre la disponibilidad de sus servicios sanitarios, pero que no pueden "recaer sobre los recursos económicos de los riojanos, sino que tienen que ser compartidos y compensados", dijo rotundo.

Además, al presidente del Gobierno riojano no le ha gustado la decisión del lehendakari, Patxi López, de trasladar la resolución del conflicto al Ministerio de Sanidad en su condición de mediador. Sanz considera que se trata de una "presión, de un chantaje mal entendido" y vuelve a poner la pelota en el tejado del Gobierno vasco.