Un año de depresión

El desempleo en España se ha convertido en una amenaza social, además de un grave problema económico. Los datos del paro registrado correspondientes a noviembre indican que hay casi 60.000 parados más, que la destrucción de empleo no se ha detenido a pesar de los dos años de recesión y estancamiento económico, que la Seguridad Social se aproxima rápidamente a una situación de déficit anual debido a la caída persistente de los ingresos y, como daño adicional, que disminuye a ojos vista el número de parados con cobertura de desempleo. Es una pinza perversa que afecta tanto al déficit (si no hay superávit en la Seguridad Social, la desviación del déficit público puede ser más grave) como a las posibilidades de recuperación.

El próximo Gobierno se enfrenta pues a una proyección pésima del empleo, no por conocida menos preocupante. Puesto que durante 2012 se acentuarán los recortes presupuestarios, para cumplir con el objetivo de déficit para 2011, 2012 y 2013 no hay otra perspectiva razonable para el próximo ejercicio económico que la recesión, más o menos prolongada, pero real al menos durante dos trimestres. En consecuencia, el desempleo seguirá creciendo (recuérdese que el paro en términos de encuesta de población activa se aproxima a los cinco millones) y operará a pleno rendimiento la espiral del estancamiento que aumenta el paro y el desempleo que impide la recuperación. La hipótesis de llegar a una tasa de paro del 23% no es descabellada y, desgraciadamente, tampoco lejana.

La cuestión para el Gobierno que viene es acertar el método que pueda aumentar el empleo o, más modestamente, limitar la destrucción de puestos de trabajo. De los gestos conocidos de Mariano Rajoy se desprende que su estrategia prioritaria consiste en proceder a otra reforma laboral, cuyas propuestas se han encargado de forma perentoria a sindicatos y patronal. No es necesario especular demasiado para concluir que lo que planea el nuevo presidente y su equipo in pectore consiste en forzar un fracaso rápido de los agentes sociales para legislar luego con entera libertad. Pero lo esencial de la iniciativa de Rajoy es que, muy probablemente, las nuevas versiones de la contratación o de la negociación colectiva no surtirán efectos apreciables en el mercado laboral, por sí mismas o incluso añadiendo los pellizcos fiscales encaminados a convencer a las empresas para que creen empleo. La demanda interna está profundamente deprimida y es en ese ámbito donde hay que actuar.

La estrategia del PP parece consistir en una reducción general de los costes salariales, en la convicción de que esta reducción, junto con incentivos fiscales a la creación de empleo y nuevos apoyos públicos artificiales a la construcción, aumentarán rápidamente los puestos de trabajo. Pero este modelo conduce al empleo precario y a la debilidad estructural del crecimiento. Sería de agradecer que el PP aclare cuanto antes si esto es así o, en caso de que no, qué otro tipo de crecimiento defiende.