Una correduría forma a los docentes de los 17 centros integrados de FP

Para registrar una visita en un centro integrado de Formación Profesional de Galicia, los docentes tienen que "seguir el procedimiento PR.75.ACE del manual de calidad y cubrir las fichas del ACE (MD.75.ACE.02), (MD.75.ACE.03), registrar después los resultados en otra ficha, cubrir una encuesta en otra y finalmente hacer un resumen en una más". Lo cuentan entre atónitos y preocupados los profesores del IES Manuel Antonio de Vigo. El instituto es uno de los siete que la Consellería de Educación ha transformado este curso académico en centro integrado de FP hasta formar la lista actual de 17. Una correduría de seguros de Lugo se encarga de formar a los docentes.

La "jerga surrealista" que reproducen los profesores vigueses es una de las novedades en la formación que recibe el profesorado de esta modalidad de FP del que Educación espera que ofrezca instrucción académica y de inserción laboral a los alumnos al tiempo que los institutos reciben el certificado de calidad ISO-2011. Se trata de "estandarizar las actividades del personal por medio de la documentación, medir y monitorizar el desempeño de los procesos, atraer la inversión y realzar la reputación de la marca". Esto es, ahorrar.

La Xunta apela al ahorro para justificar la nueva formación de los profesores

"La empresa privada cobra entre 20.000 y 30.000 euros por cada instituo"

Educación adjudicó sin concurso público la formación de los profesores de los 17 centros integrados de FP a la consultora lucense Álvarez Real que oferta servicios de abogados, economistas, asesoría laboral, gestoría administrativa, marcas y patentes y correduría de seguros. Los profesores del Manuel Antonio, que elaboraron un informe sobre el "desmantelamiento injustificado" del IES y su conversión en centro integrado de FP, sostienen que la empresa percibe entre 20.000 y 30.000 euros por la gestión de cada centro. "Una broma, considerando que la consellería dijo que ahorraría costes mejorando la producción y reduciendo gastos".

El director xeral de Educación, FP e Innovación Educativa, José Luis Mira, niega esas esas cantidades pero menciona otras parecidas. "En algunos casos puede cobrar 12.856 euros y en otros 19.526, depende del cumplimiento de objetivos", sostiene Mira.

El informe de los profesores del antiguo IES vigués -uno de los más grandes de Galicia: ocupa una parcela de 52.600 metros cuadrados- destaca que para poner en marcha este centro integrado, Educación obvió las inversiones recientes (de "100.000 euros solo en fondos documentales" de la biblioteca para la oferta educativa de ESO y bachillerato que ya no hay ahora, además de otras en aulas y equipamientos didácticos "por 74.000 euros que también se pierden" porque estaban igualmente destinados a ESO y bachillerato").

El IES tuvo una oferta educativa en el curso 2010-2011 de enseñanza en las dos líneas de ESO, bachilleratos de Ciencias y Humanidades y ciclos formativos de las familias profesionales de Química, Sanitaria, Hostelería, Industrias alimentarias y Textil. El informe concluye destacando que con la privatización de la gestión "no hay ahorro, ni extensión de la oferta pública, sino solo despilfarro". Creen que Educación comienza de esta forma con "la privatización" de la enseñanza pública.

El director general, José Luis Mira, defendió el pasado septiembre, en una intervención en comisión parlamentaria que los institutos integrados de FP tendrán este curso "más proximidad a las empresas que a los centros de enseñanza". Entonces dejó claro que el objetivo de inserción laboral "en estos tiempos de crisis" primaría sobre el académico. Junto al IES Manuel Antonio de Vigo, la Xunta desmanteló seis institutos de secundaria más para ampliar esta oferta de formación académica y de inserción laboral. Y en su comparecencia en aquella comisión parlamentaria, el director general reconoció que la consellería optó por utilizar centros de Secundaria -"a costa de desviar al alumnado a institutos públicos", denuncian los docentes afectados- "por evitar costes" económicos y en vista de la "gran demanda" de alumnado.

El sueldo que cobra de la Consellería de Educación la correduría lucense contratada contradice, según los profesores, el argumento del ahorro que enarbola este gabinete de la Xunta. Docentes, sindicatos y oposición no tienen duda de que "empieza por aquí la privatización".