Cuando lo paga la suegra

Después de lo que han vivido en los últimos dos años, la relación de Alberto Urbistondo y de su suegra, Justa González, nunca volverá a ser la misma. Los apuros económicos han enturbiado su relación. Su caso muestra el peligro que acecha tras muchos anuncios de dinero rápido, que por medio de avales, intereses de demora y con ayuda de la letra pequeña pueden convertir el aprieto económico en una pelota de nieve. Pero también muestra que la presión social logra en algunos casos reducir el impacto en los afectados.

El punto de partida de esta historia es 2007. Urbistondo, un vecino de Aluche de 47 años, era entonces dueño de tres agencias inmobiliarias moribundas: Estudio Urbesan, Estudio Fanjul y Estudio Astratit. "En 2000 me pasé al sector inmobiliario porque llevaba años en la hostelería y no tenía vida. Iba a ser el más rico del cementerio. Además, me gustaba". Pero la venta de pisos se frenó, y Urbistondo -que llegó a tener 15 empleados-, necesitaba dinero para cancelar deudas y poder cerrar la última de sus agencias. "No podía pedir un préstamo al uso porque ya estaba pagando la hipoteca de mi piso, que hemos ampliado varias veces, y porque mi nombre estaba en el archivo de morosos de ASNEF por una factura de móvil que devolví porque no estaba conforme".

En un periódico, vio un anuncio de Clifford Aucklan en el que creyó encontrar la solución a sus problemas: "¡¡¡Dinero urgente!!! ¡¡¡Solo hace falta el DNI y las escrituras!!! Sin importar ASNEF, RAI, embargos, impagados...". Llamó y estos le pusieron en contacto con la Financiera Carrión, que le prestó 65.000 euros (a un interés del 21%; 27% en caso de demora). Urbistondo pidió ayuda a sus suegros (él ya ha fallecido), que pusieron como aval su piso, que les pertenece desde hace 50 años y está libre de cargas. La financiera lo tasó en 135.000 euros.

El día de la firma del contrato, Urbistondo cometió un error imperdonable, más aún para alguien con años de experiencia en el sector. Él lo achaca a los nervios del momento: "Mis suegros estaban agobiados, yo estaba agobiado, tenía la cabeza en otra cosa y no leí bien el contrato, me fie de lo que me habían dicho". Se percató del error a los cuatro meses, cuando intentó, como asegura que le habían contado al explicarle las condiciones, convertir el crédito en uno hipotecario. Se lo negaron. A final de año tenía que devolver 78.000 euros (65.000 más los intereses).

Urbistondo no pudo pagar y la financiera inició la ejecución hipotecaria. En este tiempo, los intereses de demora han seguido engrosando su deuda. En agosto pasado, con la orden de desahucio de Justa, que tiene 79 años, ya en la mesa, pidió ayuda a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que le puso en contacto con la asamblea 15-M de su barrio, que se ha volcado con él. "Me han ayudado a cambio de nada, sin conocerme, he hecho amigos...", dice y se le llenan los ojos de unas lágrimas que enjuga rápido.

El 28 de septiembre, 100 personas bloquearon la entrada al piso de Justa y lograron frenar el primer desahucio, que se aplazó al 26 de octubre. En el intervalo, Alberto intentó en vano negociar con la financiera. El 25 de octubre, 24 horas antes de su segundo desahucio, le llamaron. Se reunieron para llegar a un acuerdo. La financiera le ofreció cinco años de "gracia" a cambio de un alquiler por el piso de 800 euros mensuales. "Me negué", dice. "Peleé hasta lograr un acuerdo: la dación en pago para el resto de la deuda (que ronda los 100.000 euros) y un alquiler vitalicio para Justa de 600 euros al mes". (EL PAÍS ha intentado sin éxito recoger la versión de Financiera Carrión). Al día siguiente, fecha del desahucio, la calle amaneció con 13 lecheras de antidisturbios. A las ocho, el juzgado avisó a la policía de que se suspendía el desalojo.

Alberto está contento, pero afectado. Carga con la culpa de que la familia de su mujer haya perdido el piso familiar. Pero gracias al apoyo recibido, Justa podrá seguir en su casa. Alberto trabaja ahora vendiendo seguros. Con ayuda de su mujer, que es agente de viajes, pagan los 600 euros del alquiler de Justa más los 750 euros de su propia hipoteca. La relación con la familia se ha enturbiado. Por suerte, el trance no ha distanciado a la pareja, que tiene una hija de 23 años. Tras la experiencia, Alberto se ha convertido en activista. Se encarga de movilizarlos si algún afectado necesita ayuda. Además, se ha ofrecido a asesorar a quien tenga dudas antes de firmar un crédito o una hipoteca. Ayer se plantó en un supermercado para asesorar a gente con problemas para pagar su hipoteca. La experiencia que ha vivido le ha cambiado.