Feijóo niega que se vaya a cobrar por faltar a citas del Sergas pese al decreto que lo prevé
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó ayer con indignación cuando se le preguntó si el Sergas prevé cobrar cuando un usuario no comunique la no utilización por cualquier causa de un servicio programado previamente, una acusación que tachó de "fraude electoral". Pese a la firmeza de su afirmación, el decreto publicado el pasado martes establece en una disposición adicional por la que "podrá establecerse un procedimiento para repercutir en los usuarios" gastos ocasionados por cuatro de los 12 supuestos que la Ley de Saúde, de 2008, establece como "deberes de la ciudadanía". Entre esas cuatro obligaciones se encuentra la número 11, que reza así: "Comunicar al sistema sanitario, a la mayor brevedad posible, la no utilización por cualquier causa de un servicio programado previamente".
Feijóo aseguró, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que fue el Gobierno bipartito al incluir ese deber el que "posibilita" el cobro, y expuso como demostración de que de momento Sanidade no lo va a ejercer el hecho de que el nuevo decreto deba desarrollarse en una orden de la consellería. "No se puede cobrar nada que no está totalmente tipificado", afirmó. No aclaró si lo piensa aplicar en el futuro.
El decreto que permite el cobro por el uso irresponsable de las prestaciones asistenciales es, según Feijóo, "lucha contra el fraude". La misma calificación concedió a la modificación de la Ley de Salud que obliga a los extranjeros a permanecer seis meses censados para acceder a servicios sanitarios distintos de los de urgencias, que aparece en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Galicia.
Defendió el presidente de la Xunta esta modificación para combatir lo que denominó "turismo sanitario", de extranjeros que se empadronan para beneficiarse de servicios de la sanidad pública española, como pruebas u operaciones quirúrgicas. Y de paso, criticó duramente al Ministerio de Sanidad por su rechazo a las restricciones al usufructo de los servicios del Sergas y por la posibilidad de que lo recurra judicialmente. "Ya sabemos la opinión de la ministra en asuntos judiciales", afirmó, en referencia al recurso contra el catálogo de medicamentos de la Xunta.
Otro recurso contra una ley gallega, la de Comercio Interior, ha obligado a la Consellería de Economía a modificar la norma, para suavizar los criterios de autorización de grandes superficies comerciales. Así lo reconoció ayer el titular del departamento, Javier Guerra, que compareció tras al Consello de la Xunta para presentar el anteproyecto de ley del consumidor, aprobado ayer. Entre las novedades de la nueva norma está la de impedir contratar con el sector público a empresas que cometan infracciones graves.
