La paradoja del 'edificio 15-0'

La crisis del ladrillo dibuja extrañas paradojas. Resulta que la promotora del edificio ocupado por los indignados en Nou Barris (Barcelona) no pudo hacer frente a la hipoteca que había contraído con una caja de ahorros. A cambio de los 3,4 millones que era incapaz de devolver, la empresa entregó el inmueble. O sea, la dación en pago. Y la entidad financiera, a diferencia de lo que hace con la mayoría de particulares, aceptó el trueque.

En el rebautizado como edificio 15-O, por la fecha de la ocupación, residen una decena de familias desahuciadas o incapaces de acceder a una vivienda por sus medios. Ocho de esas personas -las únicas que los Mossos d'Esquadra lograron identificar y citar ante el juez- declararon ayer como imputadas por un presunto delito de usurpación de vivienda. El magistrado Miguel Ángel Tabarés tiene en sus manos su futuro inmediato y debe decidir si archiva la denuncia de la propiedad (Cajamar) o, por el contrario, acuerda el desalojo.

"El derecho a la propiedad no es absoluto", sostiene la defensa

Tras escuchar las razones de seis de los ocupantes y de otros dos vecinos del barrio citados por error -entraron al inmueble a llevar comida- el juez celebró una breve vista. En la sala se planteó una pregunta que está presente en todas las causas por ocupación, pero que a la luz del Movimiento 15-M adquiere una nueva dimensión: ¿Qué prevalece, el derecho a la propiedad o el derecho a la vivienda?

El fiscal empezó por admitir los estragos que ha causado la crisis económica y asumió que las familias de Nou Barris atraviesan "una situación difícil". Pero no pudo ir más allá de ese reconocimiento: para aplicar la ley, dijo, los ocupantes ilegales deben ser desalojados. El ministerio público propuso al juez que dé un plazo máximo de un mes para que abandonen el número 2 de la calle de Almagro de forma voluntaria. En caso contrario, pidió que "sean desalojados a la fuerza". O sea, por la policía.

"Existen derechos de propiedad que se han vulnerado", subrayó el fiscal en su informe final, que fue rebatido por uno de los abogados de las familias, Ibai Arbide. "El derecho a la propiedad no es absoluto". El objetivo de la defensa es ganar tiempo para prolongar al máximo la estancia de los ocupantes en Nou Barris. Por eso, Arbide argumentó que la vía penal escogida por la propiedad (más expeditiva que la vía civil) no está justificada en este caso. Y se basó, para ello, en las palabras del apoderado de Cajamar, quien alegó que la entidad financiera ha querido ahorrarse los costes de una demanda civil.

El abogado arguyó que la finca permanece desierta desde hace años y añadió que los ocupantes no tienen "vocación de permanencia", otro de los requisitos para resolver una ocupación por la vía penal. "Es un realojo temporal porque están en situación de exclusión social".

La caja de ahorros que reclama el desalojo es propietaria del edificio 15-O desde el pasado 31 de agosto, tras una dación en pago de la promotora, una circunstancia que afiló el verbo del otro abogado de la defensa, José Ángel Gallego: "Quien se dice propietario no lo es; es solo un usurpador", dijo. La intención de Cajamar, claro, es vender los pisos. Pero no tiene ofertas a la vista. En puridad, la entidad no es dueña de la totalidad de la finca: el aparcamiento y los locales comerciales pertenecen a otras personas y empresas que, por ahora, no han presentado denuncia.

"Me da igual que sea Juan o Pepe, yo lo que quiero es recuperar el edificio", dijo el apoderado del banco, según fuentes judiciales. El hombre, que evitó hacer comentarios a los medios, aludió a unas supuestas imágenes de vídeo captadas por cámaras de vigilancia instaladas en la finca. La propiedad pretendió dejar claro con esa afirmación que el edificio no estaba abandonado. En la práctica, sin embargo, esas imágenes no han aparecido, precisaron las mismas fuentes.

El juez Tabarés, que dio un acelerón al caso Palau durante los meses en los dirigió la instrucción de la causa contra Fèlix Millet y Jordi Montull, deberá dirimir el futuro del bloque de Nou Barris. Lo previsible es que no tarde más de unos días en adoptar una resolución. Ayer, el juez advirtió a los abogados de la defensa de que, en el hipotético caso de que acordase el desalojo, los vecinos serán informados y tendrán un margen de tiempo para marcharse, si quieren, por su propio pie.