Santos disuelve el servicio colombiano de inteligencia

En Colombia es normal que un político, un periodista o un activista de derechos humanos hable en clave cuando utiliza un teléfono, bien sea móvil o aparato fijo. ¿La razón? Tiene la convicción de que alguien más lo está escuchando y, lo que es peor, grabándolo. En el argot popular se conoce como "estar chuzado", una de las actividades ilegales que puso en práctica el servicio de inteligencia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), durante el Gobierno de Álvaro Uribe. El presidente Juan Manuel Santos lo cerró el lunes en la tarde. "Firmé el decreto de liquidación", expresó y para despejar cualquier duda recalcó: "El caso del DAS no es de una transformación, no es una reforma; el caso del DAS es una liquidación, se suprime el DAS".

Las tareas del servicio de inteligencia serán asumidas por una nueva organización que será dirigida por un almirante. La Armada colombiana tiene amplia experiencia y formación en tareas de inteligencia.

La noticia fue recibida con alivio por una sociedad que durante varios años vio estupefacta cómo esta entidad de 5.000 funcionarios se había salido de control. "Se puso al servicio de los criminales", dictaminó la Corte Suprema de Justicia cuando condenó a 25 años de prisión al abogado Jorge Noguera Cotes, antiguo jefe del DAS, por haber filtrado a grupos paramilitares información para que ejecutaran crímenes y profirieran amenazas.

Su caso no es la excepción. Al contrario, la totalidad de directores nombrados por el entonces presidente Uribe están frente a los estrados judiciales. Noguera, condenado; María del Pilar Hurtado, prófuga en Panamá; Andrés Peñate y Felipe Muñoz en investigación. Todos, de una u otra manera, se encuentran involucrados en los casos de interceptaciones ilegales. Sin embargo, la situación más grave es la de Noguera y Hurtado.

Respecto de Noguera, la Corte demostró que este puso al servicio del poderoso Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una agrupación de extrema derecha autora de decenas de crímenes y envíos de embarques de cocaína al exterior. El caso más visible es el del prestigioso profesor y defensor de derechos humanos Alfredo Correa de Andreis, que fue asesinado en 2004 en Barranquilla, en el Caribe, por los paramilitares en complicidad con el DAS.

Y en cuanto a Hurtado la situación también es delicada porque ella huyó a Panamá donde el presidente Ricardo Alberto Martinelli le concedió asilo tras hablar con su amigo Uribe.

Uribe se ha empleado a fondo porque todo este episodio apunta a su entorno. Así, Bernardo Moreno, su secretario general en la Presidencia, está hoy en la cárcel no solo acusado de haber ordenado las interceptaciones ilegales sino de "concierto para delinquir", esto es haber formado e impulsado a un grupo para ejecutar acciones criminales. Otros altos funcionarios de la Casa de Nariño durante el gobierno del expresidente son objeto de investigación.

Los seguimientos e interceptaciones a periodistas, líderes de derechos humanos, magistrados y políticos de oposición se hicieron más frecuentes, precisamente, cuando se discutía en el país la posibilidad de cambiar la Constitución para posibilitar la reelección de Uribe. Santos ha calificado estas prácticas de "aberrantes".