Antes pagar que trabajar para la comunidad

Con el rastrillo y la pala a cuestas, Joan Miquel N., de 27 años, recogía del suelo las piedrecitas que "saltaban al campo" de fútbol de Hostalric (Selva). El hombre fue condenado a trabajos en beneficio de la comunidad hace dos años por dar positivo en un control de alcoholemia. "Me tocó ir de las seis de la mañana a las dos de la tarde a limpiar un pabellón. Como en dos horas estaba hecho, me ponían a hacer de jardinero", recuerda, por teléfono. Y así, durante 16 sábados de su vida.

Solo aguantó cuatro jornadas. Por eso, cuando en agosto de este año le cayó una segunda condena por conducir bebido, no dudó un segundo: "Quiero pagar. Yo no vuelvo a hacer trabajos. Antes prefiero la cárcel", bromea. La primera vez, Joan Miquel no tuvo elección. Pero la última reforma del Código Penal, en vigor desde diciembre de 2010, permite a los penados por delitos de tráfico escoger entre dos opciones: pagar la multa o, como en este caso, recoger piedras. Escogió pagar 700 euros.

En 10 meses, el cambio de conjunción (la y por la o) ha tenido un impacto claro: ha desatascado el sistema. Antes de la reforma, el 64% de los condenados a una medida penal alternativa estaban a la espera de cumplirla. Ahora son el 34%. La acumulación de casos obligó a suspender, el año pasado, 500 condenas porque habían prescrito. Además, como el Código Penal tiene efectos retroactivos, la reforma permitió finiquitar 5.000 expedientes en los que ya se había pagado la multa.

"La gente prefiere pagar, aunque muchos no pueden por falta de recursos", precisa José Antonio Rodríguez, juez de ejecutorias de Barcelona. No hay datos oficiales, pero la impresión de este juez veterano es que la balanza está equilibrada entre las dos opciones.El abogado Ferran Martín, que ha defendido a decenas de clientes en esa tesitura, les aconseja que paguen. "La multa te la quitas de encima y te olvidas. Justicia tiene en cuenta las cargas familiares, pero no es fácil compaginar los trabajos con la vida diaria", añade. La sanción se impone en función de la renta personal "para no favorecer que los que más tengan puedan pagar y ya está", señala Marc Cerón, subdirector general de ejecución penal de Justicia.

Cerón subraya que el nuevo escenario ha tenido otros efectos menos positivos. Al pagar, la función preventiva y educativa de los trabajos en favor de la comunidad se diluye. El subdirector matiza: "El retorno a la sociedad siempre se produce, sea en forma de especias o de dinero". E insiste en que los jueces deben hacer una "aplicación individualizada", porque, si no, "el efecto disuasorio o de aprendizaje será difícil".

El juez Rodríguez resta importancia a ese hecho porque, en realidad, "media un abismo entre el tipo de infracción y la pena". Es cierto que algunos condenados por conducir ebrios, sin carnet o a excesiva velocidad acuden al Instituto Guttmann, por ejemplo, donde están en contacto con víctimas de accidentes. Pero son los menos. "Es imposible ajustarlo, no hay recursos para todos y a veces esos trabajos se sustituyen con un simple programa de formación", admite.

Hay tareas de todo tipo: informar a usuarios de un servicio, atender en la Cruz Roja o participar en la organización de la cabalgata de los Reyes Magos. En estos momentos hay más de 7.000 penas en ejecución en Cataluña. La mayoría son por delitos de tráfico, aunque también por violencia doméstica de carácter leve.

El fiscal de Seguridad Vial de Barcelona, Juan Carlos Padín, apunta en la misma senda que el juez: "A algunos jóvenes les convendría estar en las urgencias de los hospitales para ver las consecuencias de sus actos. Muchas veces, la multa la pagan los padres", dice Padín, que ha "dejado de pedir" la pena de trabajos a la comunidad porque cree que el sistema "está colapsado". Justicia discrepa de ese diagnóstico. Defiende que hoy no hay embudos ni prescripciones y señala que el tiempo de espera se ha reducido en 120 días. En 2010 llegaron a Justicia más de 17.000 demandas para cumplir una medida penal alternativa. De esas, 510 prescribieron. La aplicación de trabajos en favor de la comunidad plantea otros problemas, señala Rodríguez: "A veces, se llega a un acuerdo rápido, y, en las entrevistas, se descubre que el condenado padece una incapacidad, o que es un extranjero sin NIE". Otros se van a mitad de condena. Y aunque "no se puede obligar a nadie a hacer los trabajos", el juez advierte de que escaquearse tiene consecuencias: el que se va a medias puede ser castigado por quebrantamiento de condena y, al ser reincidente, acabar, entonces sí, en la cárcel. "Hay gente a la que le ha pasado".