¿Y si hubo estafa?

Gala lo llama directamente "la tumba". Y lo escupe con una mezcla de hastío, desahogo y mal cuerpo. "La tumba" es un piso de unos 60 metros de un edificio sin ascensor, situado en un callejón sin salida (no es una metáfora) de Torrejón de Ardoz. Maldita la hora en que lo compramos, dicen también las afligidas miradas de esta inmigrante rusa de 50 años y de su pareja, Paulo, un camarero portugués de 44. "Queríamos un piso para empezar de nuevo, para estar juntos...", dice Gala en un español trabajoso. "Todo el mundo quiere algo suyo".

Los acontecimientos que se sucedieron entre que la pareja puso un pie en la inmobiliaria y estampó su firma en la escritura están plagados -según su abogado, Rafael Mayoral- de indicios de que cayeron en una estafa bien orquestada. En enero de 2007 entregaron a una inmobiliaria 2.000 euros para reservar un piso, pero pasados unos días les informaron de que ya no estaba disponible. Quisieron recuperar su dinero pero se lo negaron. Les ofrecieron, sin embargo, seguir mostrándoles pisos. Vieron un segundo y un tercero, el que compraron. La inmobiliaria les puso en contacto con una financiera que se encargó de la operación. Durante las semanas que siguieron, la pareja recibió cuatro desgloses de la hipoteca con cuotas, plazos y tipos de interés distintos, "creando en ellos una gran confusión", según el abogado.

A pesar de que Gala, vigilante de seguridad, llevaba un año de baja temporal (padece una grave enfermedad hepática), le dijeron que para obtener la hipoteca debía firmar un seguro de vida (por 63 euros al mes). Estando al corriente de su baja, se lo concedieron sin revisión médica previa (la beneficiaria de la póliza era la propia financiera). Además, el piso se tasó en 404.000 desorbitados euros. Y el mismo día de la compraventa, la pareja se encontró con que debían firmar otro crédito personal de 8.000 euros, presumiblemente las comisiones de los intermediarios. Se negaron, pero les dijeron que perderían el dinero entregado (a esas alturas, más de 9.000 euros).

Por suerte, Gala guardó todo el papeleo. "¿Por qué les dieron tantos documentos?", pregunta Mayoral y se responde: "Para confundirles". "¿Por qué tasaron el piso tan caro? Porque el fin era quedárselo por maquillaje contable". "¿Por qué un seguro de vida? Para eludir el control de riesgo". Gala y Paulo -que dejaron de pagar las cuotas y esperan la orden de desahucio- presentaron en mayo la denuncia por estafa, admitida a trámite.

El abogado Rafael Mayoral, asesor de asociaciones de inmigrantes y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha optado por la vía penal para denunciar los casos en los que ve pruebas de estafa. Mientras que las asociaciones de afectados intentan presionar a favor de la dación en pago y evitar los desahucios (en el segundo trimestre de 2011 se solicitaron 16.464, un 21% más que el año anterior), o mientras asociaciones como OCU y ADICAE denuncian las cláusulas hipotecarias más abusivas, Mayoral busca culpables. Ha presentado tres denuncias, una de ellas colectiva, en las que acusa por "acción u omisión" a todos los eslabones "de las tramas", incluidos directores de sucursal. Se trata de contratos que se firmaron en los estertores de la burbuja, "cuando las entidades, para seguir haciendo caja, externalizan la contratación de hipotecas y crean estrategias para eludir el control de riesgos", dice.

Varios expertos consultados -Isabel Iglesias, delegada en Guipúzcoa de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, o Rocío Algeciras, de los servicios jurídicos de Facua- ven complicado que prosperen por la dificultad de demostrar si existía intención de estafar. "Aunque lo veo cada día, es difícil demostrarlo", dice Algeciras. "No me parece la forma más adecuada de reparar el daño causado", dice Ignacio Navas, coordinador del Observatorio de la Vivienda del Consejo General del Notariado. "Muchos acuerdos se firmaron con la colaboración de los afectados, que aplaudían con las orejas cuando les daban un préstamo. Aunque no discuto que haya casos en los que pueda estar claro".

"Hay que verlo uno por uno, porque cuidado: hipoteca basura no es igual a estafa", añade Francisco Buitrago, abogado de asuntos financieros. Mayoral, por su parte, lo tiene claro: "Denuncio cuando hay pruebas suficientes de que ha habido una gestión temeraria del riesgo y se le ha ocultado información a familias a las que se ha llevado al borde de la insolvencia".

El abogado ha interpuesto otras dos denuncias, la última esta semana. Los denunciantes son Cristina Martín y José Luis Salazar, de 36 y 39 años. En mayo de 2007, estos padres de dos niñas vieron una casa "de una sola planta y con parcela" que les gustó. Les quedaban por pagar 117.000 euros de su vivienda, en Alcalá Meco, y echaron cuentas: cuando la vendieran, podrían comprar la nueva sin apenas aumentar la cuota. "Le dijimos al de la inmobiliaria que volveríamos cuando la vendiéramos, pero nos convenció de que lo mejor era hacer un crédito puente y mudarnos mientras vendíamos la primera".

La sorpresa llegó cuando la entidad bancaria, según Mayoral compinchada con la inmobiliaria, les concedió en lugar de un crédito puente dos hipotecas, una de 210.000 euros y otra de 180.000. La entidad, además, adjudicó la de más valor a su vieja vivienda en vez de a la nueva, lo que obligó a la pareja a ofertar su casa, como mínimo, por esa cantidad ("el banco no nos dejaba venderla por menos", se queja José Luis). Eso, más la crisis, alejó a los pocos interesados. Al concluir el año de carencia, la cuota subió de 700 a 900 euros. Cuando José Luis se quedó en paro, dejaron de pagar.

En opinión de Mayoral, lo llamativo no es solo que la entidad les concediera dos hipotecas en lugar de una, sino que cuando lo hizo sólo trabajaba José Luis, que además tenía un contrato por obra y servicio. "Con su contrato, sus ingresos, 1.800 euros, y dos hijas, fue una temeridad concederles dos créditos con una responsabilidad hipotecaria de 400.000 euros y sin avales", dice. La familia vive ahora en su vieja vivienda, en la que -por su tamaño y situación- ahorran en gas, electricidad y desplazamientos. El banco se la adjudicó en subasta hace un año. Ahora esperan la orden de desahucio.

La tercera denuncia interpuesta por Mayoral cumple estos días un año y afecta a numerosos inmigrantes ecuatorianos que picaron supuestamente confundidos por el nombre del chiringuito financiero: Central Hipotecaria del Inmigrante. Según su relato, el responsable, Enrique Caño, les explicaba que estaba desarrollando un programa de integración para ayudarles a acceder a una vivienda. El nombre del producto, Hipoteca Bienvenida, ayudaba al engaño. Caño se ocupaba de abrir cuentas, de las tasaciones, de mediar con la notaría y de organizar una trama de avales cruzados. Los denunciantes descubrían que había algo raro en el último momento. Priscila Noemí Ramos y Jairo González, padres de tres hijos, intentaron echarse atrás al comprobar que también figuraba en la escritura un tercero a la que no conocían. Para entonces habían comprometido entre comisiones y gastos 17.000 euros. Mayoral -que presentó la denuncia en nombre de 10 familias- asegura que esto no podía haberse hecho sin la colaboración de los bancos.

Los pocos avances que ha habido en el caso, que lleva el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, han sido negativos para los denunciantes. El juez ha denegado la paralización temporal de sus procedimientos de desahucio, que siguen su curso. El abogado ha recurrido y la pelota está en el tejado de la fiscalía. Mayoral considera que ha pasado mucho tiempo para que no se haya llamado a declarar a los denunciados. "Si se les sentara en el banquillo y se tirara del hilo...", dice el abogado, que anda preparando una cuarta denuncia. "Lo que pasa es que no hay ánimo de investigar estos casos. Ya veremos si algún juez quiere meterse en el berenjenal. Material hay de sobra".