50 familias denunciarán al Ayuntamiento por dejarles sin guardería
El Ayuntamiento de Barcelona tendrá que encontrar una guardería para los niños que, a pesar de tener plaza, no podrán comenzar su curso en febrero. Si no, se enfrentará a una demanda por daños y perjuicios. Una cincuentena de familias afectadas por el retraso en la construcción de los centros de Caspolino y Jaén, asesoradas por el Colectivo Ronda, dieron ayer un ultimátum al Consistorio para que solucione el problema. "Exigimos que el Ayuntamiento cumpla sus compromisos, sin importar cuál de los gobiernos -el saliente o el entrante- sea el responsable", explicó Matías Gríful, abogado del colectivo.
En mayo, Barcelona ofreció 260 plazas en tres guarderías (dos en Gràcia y una en Sant Andreu) que se preveía que estarían listas en enero. Los cupos se otorgaron, pero en septiembre el Ayuntamiento comunicó que los centros no entrarían en funcionamiento este curso. Los afectados sugieren, entre otras cosas, que se habiliten barracones para los menores o que el Consistorio pague su parte en una guardería privada.
El Ayuntamiento de Barcelona ha insistido varias veces en que está buscando soluciones para las familias afectadas, pero también ha hecho énfasis en que "no tenían una plaza" y que "solo estaban preinscritos". Este argumento se rebate desde el Colectivo Ronda. "Tras el sorteo, en el momento en que se te adjudica una plaza de guardería, el compromiso del Ayuntamiento ya es vinculante", argumentó el abogado Matías Gríful.
Las familias responderán a la carta que les envió el Consistorio en la que se les comunica que no se ponen en marcha los centros educativos y se culpa al anterior gobierno de "no haber completado los trámites administrativos". En el texto les aseguran que tendrán prioridad en el proceso de matrícula del próximo curso y les piden que antes de diciembre notifiquen "su voluntad de mantener la plaza".
La cincuentena de afectados, por lo pronto, manifestará que quiere mantener los cupos, pero además instará al Ayuntamiento a buscar alternativas. De hecho, les sugiere cuatro: construir barracones, adaptar y utilizar equipamientos que se encuentren vacíos en el barrio, aumentar la ratio de niños en los centros existentes y que el Consistorio utilice algunas plazas de guarderías privadas. "Las familias pagarían el importe que les correspondería si fueran a un centro público [269 euros] y Barcelona pagaría el resto", explicó Gríful. La idea sería recurrir a guarderías del barrio que no superen los 500 euros.
Los padres argumentan que la cancelación del servicio les modifica sus planes vitales. Muchos contaban ya con dejar a sus pequeños en la guardería para dejar de recurrir a los abuelos o a los canguros. Ya era usual en Barcelona que se abriera el proceso de asignación de plazas sin tener los centros terminados. Si el gobierno convergente de Xavier Trias no da una respuesta positiva, desde el Colectivo Ronda creen que se podría demandar, con éxito, por daños y perjuicios. "Ya había un negocio contractual", remachó Griful.
El estado de las tres guarderías es diferente. La de Caspolino, con capacidad para 81 niños y ubicada cerca de la plaza de Gal·la Placídia, fue parada por un problema técnico.
La de Jaén -119 plazas- y la de Patufets -63- están proceso de licitación. Las obras en los tres centros ascienden a más de cuatro millones de euros, y el dinero proviene del Ayuntamiento y la Generalitat.
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