El helicóptero de chatarra llega a juicio tras nueve años

Al cabo de más de nueve años y tras varios retrasos, arranca al fin el juicio por el accidente de helicóptero de Torallola (Pallars Jussà) que el 14 de junio de 2002 se cobró la vida de ocho personas. El aparato siniestrado, un viejo Augusta Bell 205, fue comprado por 3.450 euros en una subasta del Ejército del Aire. No tenía motor, hélices ni cola, y fue remendado más tarde con piezas de desguace. La fiscalía pide cinco años y nueve meses de prisión para los cuatro acusados, responsables de Helieuropa Service, la compañía propietaria.

El accidente se produjo cuando una sobrecarga hizo que la cola se separara y se rompiera en pleno vuelo. Sus ocho ocupantes fallecieron en el acto. En el siniestro murieron el piloto, el copiloto, tres responsables del Departamento de Industria -uno de ellos, la delegada en Lleida, Divina Esteve- y tres técnicos de la compañía eléctrica Fecsa-Endesa, entre los que estaba el jefe de líneas, Luis Peláez.

El Ministerio de Fomento figura como responsable civil subsidiario del siniestro a raíz de que lo pidieran las familias de las víctimas. Esa petición obligó a aplazar el juicio, que debía celebrarse el pasado mes de febrero en la Audiencia de Lleida. El aparato había sido contratado para supervisar la red eléctrica de alta tensión en la comarca.

"Los acusados montaron un helicóptero de lo que no era nada más que chatarra", resume la fiscalía en su escrito de acusación. El administrador de la empresa propietaria, Pedro María S. M.; los ingenieros aeronáuticos Andrés G. L. y José Carlos P. C., y el técnico de mantenimiento Carlos M. M están acusados de ocho delitos de homicidio por imprudencia profesional y contra los derechos de los trabajadores. El fiscal pide también que indemnicen con 600.000 euros a los familiares de las víctimas y que sean inhabilitados durante seis años para el ejercicio de la profesión.

Según la fiscalía, los acusados reconstruyeron el helicóptero "sin autorización ni habilitación", a base de piezas que iban adquiriendo en otras subastas y que retiraban de otras aeronaves. Su objetivo era utilizar el helicóptero para transporte comercial de pasajeros, a pesar de que Aviación Civil se lo prohibió expresamente en la última prórroga del certificado de aeronavegabilidad.