La cúpula de CAM usó el ERE para lograr indemnizaciones millonarias

Las millonarias indemnizaciones por prejubilación de la antigua cúpula directiva de Caja Mediterráneo (CAM) -12,8 millones sólo para cinco excargos- tiene su origen en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de bajas incentivadas impulsado por la entidad, intervenida tras el fracaso de la fusión fría. La CAM siguió adelante con su parte proporcional del ERE del Banco Base, 973 trabajadores.

El ERE fue autorizado por el Ministerio de Trabajo el 2 de junio. El monto global del coste de los despidos para la Caja, según fuentes sindicales, ronda los 320 millones. La entidad consignó para este programa 147 millones en su presupuesto de 2010 y otros 57,9 en el primer semestre de este año. Hasta el 30 de junio, la caja había extinguido 266 contratos.

El supervisor valenciano solo iba a las reuniones en víspera electoral

Entre los trabajadores que ya se han desvinculado de la CAM a través del ERE están el ex director general de la caja, Roberto López Abad (5,8 millones de indemnización); Agustín Llorca, ex director general adjunto (dos millones); Joaquín Meseguer, director general de participaciones empresariales (dos millones); Vicente Soriano, ex director de recursos (1,5 millones), y Gabriel Sagristá, ex director territorial de la zona norte (1,5 millones).

¿Por qué pudieron entrar estos exaltos cargos de la CAM al ERE? A este plan de bajas incentivadas podían acogerse los empleados con más de 55 años y una antigüedad mínima de 10 años. Los cinco exdirectivos cumplían esos requisitos mínimos, dado que todos habían accedido al cargo mediante la fórmula de la promoción interna. Y sus suculentas indemnizaciones son fruto de aplicar los parámetros recogidos en el ERE a su salario.

Otra exdirectiva que aspiraba a esas jugosas indemnizaciones era María Dolores Amorós, sucesora de López en la dirección general. Esta, por edad, no pudo acogerse al ERE, pero se subió el sueldo hasta los 600.000 euros y se asignó una pensión vitalicia de 370.000 euros, todo ello de espaldas a los órganos de control de la caja. El Banco de España frustró esos planes con su despido sin indemnización el pasado 26 de septiembre.

Está por ver el papel que jugaron el supervisor nacional y el autonómico en este proceso. Tras conocer estas millonarias indemnizaciones, el Gobierno y Generalitat Valenciana se han cruzado reproches mutuos. El Banco de España ha anunciado que estudia si puede exigir la devolución de las indemnizaciones. El Ejecutivo valenciano se ha desmarcado del desastre de la CAM, al menos hasta ahora. La Ley de Cajas valencianas le atribuye competencias de control a través del supervisor autonómico, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Este órgano tiene un representante con voz pero sin voto en la comisión de control de la CAM. Fuentes oficiales aseguran que el miembro del IVF solo va a las reuniones en vísperas electorales.