Galicia busca culpables

Arrastrados por la indignación que recorre el país, los partidos gallegos disparan contra todo lo que se mueve buscando a los responsables de las indemnizaciones de 23,6 millones para cuatro exdirectivos de la Novacaixagalicia. Hasta José Luis Baltar, el barón ourensano acusado de emplear a 400 familiares y cargos del PP en la Diputación, las califica como "una vergüenza, absolutamente inmorales". Los nuevos responsables del banco intentan recuperar parte de ese dinero.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se desmarcó del asunto desde el minuto cero. Como "un indignado más", admitió desconocer las retribuciones y señaló al Banco de España como el único responsable. El recurso de su Gobierno contra el decreto de recapitalización de las cajas, que el Tribunal Constitucional admitió en junio, ha marcado una línea argumental de la que el PP no se aparta. La consigna la repite la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás: la fusión de dos cajas -que presentaban enormes solapamientos de oficinas- no fue una mala idea, hasta que el Gobierno de Zapatero "cambió las reglas del juego".

Feijóo descarga toda la responsabilidad en el Banco de España

Volviendo a las indemnizaciones, la Xunta basa su desconocimiento de los contratos en la fecha en que fueron firmados: dos son anteriores al 2000 (con gobiernos de Manuel Fraga) y otro es del 2006 (PSOE-BNG). "El Banco de España conocía perfectamente todo lo que pasaba, tenía la sartén por el mango. Incluso valoró que Pego fuese director", insiste un diputado que enumera hasta ocho artículos, sentencias y directivas que detallan las competencias del supervisor en la política de retribuciones de las cajas.

Pero la Xunta forzó la fusión tras una auditoría de KPMG que, según se deriva de la explicación de Feijóo, no recogía ni una línea sobre esos contratos que se rescindieron tras una provisión de fondos de 23,6 millones de euros. Tampoco sabía nada el representante de la Consellería de Facenda en la comisión de control, un organismo ejecutivo que revisa los acuerdos del consejo de la caja. Según la ley autonómica, ese delegado puede solicitar "cuantos antecedentes e informes considere necesarios" a los órganos de gobierno.

En la cara B del disco está el propio consejo de la caja. En la sesión del 25 de agosto se informó de que había "contratos de alta dirección en vigor". Y que existía la posibilidad de que los ejecutivos pidiesen su rescisión. Se aprobó "una provisión para el eventual ejercicio de ese derecho", sin determinar ninguna cuantía. Es el último capítulo de una manera de actuar labrada durante años, bajo poder intocable de los directivos.