El desacuerdo entre las Diputaciones dificulta el cierre económico de 2011
Las haciendas discuten cómo aflorar lo cobrado por los incentivos fiscales
Las tres Diputaciones forales mantenían ayer por la tarde discrepancias de calado que dificultaban acudir con una postura común a la reunión de hoy del Consejo Vasco de Finanzas, en la que dichas instituciones deben fijar el cierre económico del ejercicio 2011 y realizar la previsión de ingresos por tributos concertados del año que viene. El motivo de la discordia estaba en la fórmula para computar los ingresos obtenidos por las haciendas con la recuperación de los incentivos fiscales declarados ilegales por la justicia europea. A última hora, las Diputaciones no descartaban llevar un planteamiento único a la cita de esta mañana.
Es la primera vez que el Consejo Vasco de Finanzas acogerá a cuatro instituciones -el Gobierno autonómico y las tres Diputaciones- de diferente signo político, tras acceder el PP al poder en Álava y Bildu en Gipuzkoa. En las reuniones preparatorias a esta cita, los responsables de las finanzas territoriales habían prefijado cerrar este año con unos ingresos vía impuestos de 11.835 millones de euros, un 5,2% por debajo de las previsiones realizadas hace un año, según los datos facilitados esta misma semana por el diputado general vizcaíno, José Luis Bilbao.
Las haciendas prevén ingresar 12.182 millones el año que viene
Las Diputaciones discutían ayer, la víspera de ratificar estas cifras, si debían computar como ingreso lo aportado por las empresas beneficiadas por las vacaciones fiscales o esas cantidades se dejan para incluirlas en la contabilidad de 2012. Las haciendas ingresaron hace dos años unos 220 millones en metálico y otros 60 millones en bienes materiales aportados por las empresas que recibieron incentivos fiscales en los años 90. Estas cantidades no llegaron a contabilizarse en los presupuestos a la espera de los pronunciamientos judiciales. Una vez declarados ilegales por el Tribunal de Luxemburgo, las tres instituciones están obligadas a aflorar esas sumas de dinero como ingresos en sus cuentas.
Según las fuentes consultadas, Álava es partidaria de hacerlo el año que viene, tal y como se había acordado en las últimas reuniones, pero a Gipuzkoa le resulta más favorable imputar lo cobrado en el presente ejercicio. Bizkaia expresó su confianza de que las tres instituciones forales iban a ser capaces de presentarse en el Consejo Vasco de Finanzas con una propuesta consensuada. "Iremos convencidos de que es posible un acuerdo entre las tres Diputaciones y esperemos que el Gobierno vasco entienda que también es bueno para el conjunto del país", aseguraron desde la institución vizcaína, gobernada por el PNV. Gipuzkoa insistió en que no tiene "nada que decir" sobre la trascendental reunión de hoy.
A falta de dirimir esta cuestión contable, la recaudación tributaria arroja este año una caída de unos 700 millones sobre lo presupuestado, una vez descontado un tercio de los 435 millones que Euskadi tiene que devolver al Estado por el caso Rover. En el Consejo vasco de Finanzas, celebrado ahora hace un año -entonces Álava y Bizkaia estaban en manos del PNV y Gipuzkoa controlada por Hamaikabat- se hizo una estimación de ingresos para 2011 de 12.500 millones, un 5,9% más que en el ejercicio anterior. La evolución de la economía ha hecho imposible cumplir aquellas previsiones.
Pero el panorama futuro tampoco es alentador. Muy al contrario, según indicó Bilbao, las Diputaciones calculan que el año que viene la recaudación solo crecerá un 2,9%, hasta los 12.182 euros aproximadamente, lo que no alcanza siquiera para contrarrestar la caída experimentada durante 2011. Las haciendas manejan ahora cifras que se sitúan en los niveles de hace un lustro.
Ajustes drásticos
Las previsiones recaudatorias para 2012 -en principio, 12.182 millones en el conjunto del País Vasco-, por debajo incluso de lo estimado en 2010 para este año, pondrán a prueba la capacidad de las instituciones vascas (el Gobierno, las Diputaciones y los Ayuntamientos) de someter sus cuentas públicas a unos ajustes "drásticos" en el próximo ejercicio, apuntaron ayer las fuentes consultadas. La actual fragmentación política, la proximidad de unas elecciones, la discusión abierta sobre la reforma fiscal y la caída de los ingresos públicos van a incidir de manera determinante en la elaboración de los presupuestos del próximo ejercicio. "No queda otro remedio que aplicar la economía de guerra", insisten.
En este contexto, el Ejecutivo y las Diputaciones no se ponen de acuerdo sobre una acción coordinada contra el fraude fiscal que sirva para compensar el constante descenso de la recaudación tributaria, ni han conseguido, por el momento, dar con la fórmula común para establecer un nuevo marco fiscal que contribuya a reactivar la economía y generar empleo.
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