El Poder Judicial también condena las detenciones de los Mossos a los indignados

Las condenas sobre el arresto en la cafetería de los juzgados de Barcelona de seis indignados que participaron en el cerco al Parlament el pasado 15 de junio se multiplican y suben de rango. Ayer fue el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que respaldó a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, el lunes, calificó la irrupción de los Mossos d'Esquadra en la cafetería de la Ciudad de la Justicia para efectuar los arrestos de "desproporcionada" y pidió que se depuraran responsabilidades.

Para el gobierno de los jueces, la operación policial también supuso "un menosprecio de los derechos" de los detenidos, que se habían presentado voluntariamente en el juzgado de guardia al saber que eran investigados por las agresiones a parlamentarios.

Otros cuatro indignados imitaron ayer a sus compañeros y se presentaron voluntariamente en el juzgado de Eloy Velasco, en la Audiencia Nacional.Pero a diferencia de los de Barcelona, a estos no se les detuvo. El juez les tomó declaración y los citó ante los Mossos para que les hagan una fotografía y una prueba antropométrica con el fin de identificarlos con seguridad, lo mismo que se hizo con el resto de detenidos. Para el abogado de algunos de los imputados, Jaume Asens, la decisión revela que las detenciones fueron innecesarias y que solo buscaban un objetivo: tomar fotografías de los indignados para reforzar las pruebas disponibles contra ellos.

Los Mossos han basado su investigación en las imágenes captadas por las cámaras de televisión y en diversos vídeos aparecidos en Youtube sobre los actos de acoso a diputados a su entrada al Parlament. Se trata de pruebas que pueden generar dudas sobre la identidad de los sospechosos. La policía autonómica tenía la necesidad de reforzar esa prueba tomando fotografías de los indignados. Y la única forma de hacerlo pasaba por detenerles para que acudieran a comisaría.

Asens asegura que los indignados tenían la posibilidad de negarse a ser fotografiados, pero sostiene que no lo hicieron por temor a que su detención se prolongase de forma innecesaria. Las cosas serán distintas, advierte, con los cuatro últimos indignados. "Les acompañaremos y les explicaremos que no tienen por qué dejarse tomar esas imágenes", contó.

Los otros 13 implicados que comparecieron ayer ante Velasco, y que fueron detenidos durante la semana pasada, se negaron a declarar en protesta por la actuación policial contra sus compañeros en la Ciudad de la Justicia. El magistrado los dejó en libertad con la obligación de personarse cada 15 días en la comisaría más cercana a sus domicilios.

A las críticas de los jueces se sumaron ayer las de los abogados. El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) se sumó a la petición del TSJC y del CGPJ de pedir responsabilidades "tanto por las formas de la operación policial (...) como por el trato que recibieron los abogados defensores". Durante la operación policial, algunos abogados y periodistas fueron retenidos por los antidisturbios, que les identificaron. El decano del colegio, Pedro L. Yúfera, aseguró: "la retención ilegal de los abogados supone un ataque directo tanto al derecho de defensa de todo ciudadano como a la figura de un abogado en el ejercicio de su profesión". Yúfera instó al Departamento de Interior a abrir una investigación y depurar responsabilidades.

Diversas entidades y plataformas cívicas se sumaron a la reprimenda a la policía. La Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados y la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos (ACDDH) expresaron ayer su "rechazo e indignación" por la intervención policial. Ambas fueron un paso más allá de los jueces y afirmaron que la actuación "no solamente fue desproporcionada e injustificada", sino que "raya el absurdo más manifiesto". A su juicio, la irrupción de los Mossos en la Ciudad de la Justicia es "ilegal" y vulneró derechos fundamentales. Las entidades piden a Interior que identifique "a qué nivel de mando del cuerpo de los Mossos se tomó la decisión de actuar de esa forma".

Todavía está por comprobar quién tomó la decisión y qué papel tuvo el juez de la Audiencia Nacional. El consejero de Interior, Felip Puig, insistió ayer en que los Mossos actuaron por orden directa del alto tribunal. Las instrucciones se dieron por teléfono, aseguraron fuentes policiales. Según una portavoz de Interior, la Audiencia determinó proceder "como se había hecho hasta el momento", lo que se interpretó como detener a los indignados.

Puig, en el homenaje de la patrona de la Guardia Civil, defendió la irrupción de los Mossos en la Ciudad de la Justicia, aunque admitió "problemas de comunicación entre la Audiencia Nacional, la policía y el juez de guardia", algo que ya aceptó el director general de la policía, Manel Prat, el viernes. "Comprendo el malestar de los jueces", dijo Puig, que se ha disculpado por escrito ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno; en persona con la juez decana de Barcelona, Maria Josep Feliu; y por teléfono con el juez de guardia en el momento de los hechos, Josep Maria Miquel Porras. Sobre el demoledor acuerdo del TSJC, se limitó a un escueto "tomo nota".