La salud mental causa el 20% de las discapacidades laborales
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), ayer se celebró en Solsona una jornada sobre salud mental en la que participaron unas 400 personas, entre ellas numerosos expertos internacionales en la materia. Los consejeros de Salud (Boi Ruiz) y de Bienestar Social y Familia (Josep Lluís Cleries) estuvieron presentes. Según datos de la organización, el 20% de las discapacidades laborales reconocidas por la Generalitat corresponden a personas con problemas mentales.
La jornada, organizada por Fecafamm (Federación Catalana de Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental) y la Fundación Funamment, se realizó con la intención de sensibilizar a la sociedad e impulsar iniciativas que mejoren la atención a la salud mental desde todos los ámbitos, bajo el lema La gran apuesta: invertir en salud mental. La organización defendió que haya una inversión en un sentido amplio para eliminar la discriminación que ha arrastrado históricamente la salud mental. "Los trastornos de salud mental han existido siempre pero no ha sido hasta hace relativamente poco cuando la problemática ha aflorado y se ha empezado a tratar" declaró el presidente de la Fecafamm, Xavier Trabado. De hecho, la mejora por la salud mental fue declarada en 2005 una prioridad en el seno de la Unión Europea.
La política de recortes de la Generalitat podría dejar en una situación crítica a los centros de salud mental. Trabado quiso aprovechar la ocasión de tener presentes a los consejeros para reclamar que sigan apostando por la salud mental e impulsen atención especializada a este colectivo "de forma equitativa, integral, eficiente y digna". Según datos del responsable de Fecafamm, solo el 50% del territorio cuenta con atención primaria especializada en estos trastornos.
Según el Departamento de Salud, en Cataluña el 25% de la población sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida.
El 15% de la sociedad padecerá algún episodio de depresión, un trastorno que cuesta hoy por hoy más de 700 millones de euros en Cataluña, sumando los costes directos derivados de la atención sanitaria y farmacológica y los indirectos, principalmente debidos a la pérdida de horas laborales. Las cifras evidencian la necesidad de apostar por unas políticas dirigidas a reducir este impacto.
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