Garmendia: "El Consell ha enviado al desguace al Príncipe Felipe"

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, acusó ayer a la Generalitat de haber enviado "al desguace" el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia y "haberlo hecho inviable". El que iba a ser un centro de referencia de la investigación biomédica de España, inaugurado en 2005, pasa por estos momentos por sus horas más bajas. La brusca reducción del presupuesto por parte del Gobierno valenciano -de 9,8 millones en 2009 a 4,6 este año, que quizás vuelvan a descender en 2012- ha dejado a la institución a las puertas de un plan de despidos que está previsto que afecte a 104 de los 250 trabajadores.

En esta situación, Garmendia consideró "muy irresponsable pedir a la Administración General del Estado la gasolina para un centro que ellos [el Consell] han decidido llevar al desguace". La ministra se refiere, en especial, a la exigencia de la Generalitat de recibir 1,7 millones del Gobierno para sufragar el programa de medicina regenerativa del CIPF. Esta cantidad, abonada los últimos años, está en el aire debido a que la Administración valenciana ha superado su límite de déficit, lo que, por ley, la inhabilita para recibir esta transferencia.

Rosado acusa a la ministra de comportarse de forma electoralista

"En el momento en el que la Generalitat comprometa la financiación y la continuidad del centro, nosotros estamos dispuestos a estudiar las posibilidades de ver cómo podemos ayudar a la supervivencia, en primer lugar, y consolidación posterior del Príncipe Felipe", manifestó la ministra a Efe. Respecto a los fondos del programa de medicina regenerativa, la titular de Ciencia comentó que su departamento intentará "por todos los medios" buscar una solución, pero insistió en que tiene que haber un compromiso claro por parte del Gobierno valenciano de dotar de suficientes fondos al centro.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Luis Rosado, calificó de "incomprensibles" y "electoralistas" las declaraciones de la ministra.

Rosado denunció el "apoyo desigual y sesgado" que el ministerio ha otorgado a la Comunidad Valenciana respecto a otras autonomías en la misma situación y que "ha repercutido negativamente en la financiación del CIPF y en su viabilidad". El consejero dijo que la retirada de la subvención estatal de 1,7 millones "pone en peligro la viabilidad del programa y de las líneas de investigación ligadas a él".

Mientras, ayer se celebró el acto de arbitraje en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Generalitat, por el primero de los despidos cursados por el CIPF a becarios de investigación a quienes se ha interrumpido su programa de formación. La gerencia del centro se ratificó en el despido de la investigadora Beatriz Pérez, que continuará su demanda en los juzgados de lo social. Hay otros seis becarios en la misma situación que Beatriz Pérez que, probablemente, se queden sin contrato.